Corrupción inmobiliaria

Cierro hoy (de momento) la serie sobre los casos más importantes de corrupción política de la Comunidad Valenciana haciendo un repaso a algunos de los casos de corrupción inmobiliaria más importantes de esta comunidad. Hay más, pero la entrada me quedaría demasiado larga y no es cuestión de aburrir al personal más de lo necesario.

-Castellón:

Oropesa: La Audiencia provincial de Castellón ha anulado el auto de archivo de un caso de corrupción urbanística en Oropesa. Y también ha anulado otro auto sobre el mismo caso que decía que había indicios de delito. Así, la decisión de la Audiencia ha sido anular los dos autos, contradictorios, que la propia Audiencia había dictado sobre el caso de la construcción de más de 600 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a cámping en Oropesa.
El caso se refiere a las licencias concedidas, en 2002 y 2003, para la construcción de dos bloques de apartamentos, conocidos como Edificio Mar, en un suelo cuyo único uso permitido era el de cámping. Posteriormente, tras acceder al Gobierno local el PP en 2005, trató de legalizar la obra. Un vecino presentó la denuncia acusando a los miembros del equipo de Gobierno de "prevaricación urbanística", por conceder las licencias con los informes negativos, a excepción del redactado por el arquitecto, también imputado.

-Valencia:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobó las modificaciones necesarias para que el Consell autorizase el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como "Manhattan de Cullera" cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo en la desembocadura del Júcar. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señalaba que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevó el proyecto a los Tribunales.

Paiporta: El PP ha interpuso una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusó de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Vila-joiosa: La promotora Atrium Beach, edificó el Hotel Luna, con un exceso de edificabilidad del 50%, el cual le fue obligado a demoler. El Ayuntamiento fue multado por conceder dicha licencia y anuló el PGOU en el que se quintuplicaba el crecimiento de población previsto.

Vlencia y Riba-Roja: La operación del Valencia CF afecta a ambas localidades. Por un lado, en la capital se recalificó los terrenos del antiguo estadio del equipo del Valencia CF para la construcción de 750 viviendas y un gran área comercial. El nuevo estadio se está construyendo, deprisa y corriendo, en una parcela en la que se iba a construir un polideportivo público. Por tanto, la parcela pública se privatizó. Los máximos beneficiados fueron Rita Barberá y su equipo de Gobierno así como el ex presidente del equipo, Juan Soler.
En Riba-Roja Juan Soler compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club haría su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola y de alto valor ecológico. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde compraron muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas. El proyecto está actualmente paralizado.
Por cierto, el Valencia ahora mismo está en quiebra.

Valencia: El caso de el barrio de El Cabanyal también merece especial atención. El proyecto comenzó a gestarse en 1998 y consiste en prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Esto implicaría destruir y dividir un barrio histórico. Además, el proyecto prevé la construcción de viviendas de muchas alturas alrededor de la prolongación, lo cual contrastaría con las casas del barrio, que datan algunas de principios del siglo XX. El ayuntamiento se escuda en la regeneración que el barrio necesita (obvian que la degeneración del barrio es deliberada).
Se creó la empresa mixta Cabanyal 2010 para llevar a cabo las expropiaciones de las viviendas (a precios ridículos). Pero la Unión Europea empezó a investigar a esta empresa y las empresas privadas decidieron marcharse, dejando la destrucción de El Cabanyal en manos del ayuntamiento y la Generalitat. El secretario de Cabanyal 2010, además, figura entre los implicados en la operación Gürtel.

-Alicante:

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al ex alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitió, pero ha renunció a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.