Santa Pola

Ya tenemos aquí el primer caso de corrupción política destapado este año en la Comunidad Valenciana. Ocurrió en Santa Pola (Alicante). Allí, familiares de altos cargos del ayuntamiento, gobernado por el PP, fueron beneficiados en adjudicaciones de proyectos urbanísticos por un total de 224.000 euros, provenientes del Plan Confianza de Camps.
La ciudad recibió ocho millones del Plan Confianza de Camps para la realización de dieciocho proyectos. De ese total, 224.000 euros irán a parar a las cuentas bancarias de cónyuges o hermanos de los arquitectos e ingenieros de los proyectos adjudicados.
De las adjudicaciones, ocho benefician a familiares de altos cargos del ayuntamiento de Santa Pola y fueron realizadas sin concurso público, alegando que eran "contratos menores".
Algunos de los beneficiados son:

-David Aniorte: El primer caso de adjudicaciones supuestamente irregulares lo constituyen los proyectos otorgados a David Aniorte, hermano de la responsable municipal de Obras, la ingeniera Mercedes Aniorte, que supuestamente ha recibido tres contratos del Plan Confianza por un importe de 60.000 euros.

-Javier Hurtado: Javier Hurtado, marido de la técnico municipal Sonia Fluxá, ha sido otro de los familiares beneficiados con la adjudicación de tres proyectos de zonas verdes y rurales, para los que al parecer no estaría cualificado ya que Hurtado es ingeniero industrial y no agrícola. Los honorarios que recibirá por la redacción de estos diseños y por una supuesta dirección de la obra ascienden a 40.000 euros.

-Antonio V Ortega: El presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Antonio V Ortega, y marido de la responsable del Plan General de Santa Pola, María José Mogica, ha sido el encargado de elaborar el proyecto de remodelación de la planta baja del ayuntamiento, cuyos honorarios ascenderían a un total de 16.000 euros por la redacción y dirección de la obra. Antonio V Ortega también pudo recibir la concesión de otro proyecto para la creación de pistas al aire libre y mejoras en el polideportivo de Gran Alacant, por el que cobraría 40.000 euros.

-Juan Antonio Rodíguez Hernández: Tiene un puesto de técnico en el ayuntamiento y ha recibido la adjudicación de un proyecto, que supuestamente realizará fuera de su cometido como asesor municipal, relacionado con el equipamiento e infraestructuras de los colegios públicos de Santa Pola, y por el que recibirá 15.000 euros.

-Jorge García: Lo mismo que en el caso anterior ocurre con el arquitecto Jorge García, contratado también por el Consistorio como "asesor", que podría realizar la redacción de otros tres proyectos: el de la zona verde sector RP1, la reforma de la biblioteca y la construcción de vestuarios en las Salinas de Santa Pola. Los honorarios que recibiría ascenderían a 53.000 euros.

En estos dos últimos casos, Loreta Serrano, concejala de Infraestructuras, ha alegado que estos dos técnicos están contratadas como asesores, por lo que es compatible la realización de proyectos urbanísticos con su cometido en el ayuntamiento. Tanto ella como el alcalde de la localidad, Miguel Zaragoza, afirman que se "ha dado trabajo a los más necesitados".

Más información, con pruebas detalladas, en el periódico que ha destapado este caso, Elchedigital.es.