Donde dije digo...

Hace unos días, sorprendía Rafael Blasco, conseller de Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP valenciano, diciendo que quizá el partido debería pedir perdón por el caso Gürtel. Sus palabras exactas, en relación a Gürtel, fueron: "Deberíamos haber dado alguna explicación más y creo sinceramente que incluso debiéramos haber pedido disculpas por algunos errores que se han cometido". Sin embargo, 24 horas después, el mismo Blasco aseguraba: "No tenemos que pedir perdón de nada". Estas palabras, según medios de ideologías contrapuestas, se debieron a la presión de Camps. Además, también añadió "el caso Gürtel no existe en la Comunidad Valenciana". El portavoz señaló que si "alguien tiene que pedir disculpas y, además, estas disculpas se tendrían que sustanciar en dimisiones es el Partido Socialista y sus máximos representantes en esta comunidad", el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y el portavoz parlamentario, Ángel Luna, que están "desde hace más de un año en una campaña de difamación" contra el PP y "sin probar absolutamente nada de las calumnias que han venido vertiendo contra las instituciones valencianas". Llegados a este punto, me queda clara una cosa: la locura de Camps es contagiosa (Folie à Deux, creo que lo llaman en francés).

Pero quizá el PP sí que tenga que pedir perdón por el caso Gürtel. Las últimas informaciones policiales apuntan a que Presidencia, Vicepresidencia, consellerías de Justicia, Vivienda, Infraestructuras, Turismo, Educación, Bienestar Social y Sanidad, así como 17 órganos gestores de la Generalitat Valenciana adjudicaron 85 contratos, por valor de 7,2 millones, a nueve empresas de la trama Gürtel entre 2005 y 2009. Los contratos eran fraccionados para que no se hicieran públicos. Además, en muchos casos se pagaba por trabajos que no se llevaban a cabo o se pagaba varias veces por el mismo trabajo. Un ejemplo: La empresa pública VAERSA contrató la grabación y edición de un vídeo para concienciar a los valencianos y valencianas del reciclaje de basuras. Solicitaron ofertas a tres empresas de la trama corrupta (Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting). El contrato se adjudicó finalmente a Orange Market, a cuyo frente estaba Álvaro Pérez, El Bigotes. El contrato se adjudica en 119.500 euros y se le adelanta el 50% (69.310) por el guión técnico y literario del futuro documental, que nunca se llega a grabar. La empresa pública asumió la responsabilidad del incumplimiento del contrato, por lo que Orange Market pudo seguir contratando con el Gobierno valenciano.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, pedirá a la Generalitat que identifique a los cargos que firmaron los contratos con la trama. También deberán ser identificados los gestores de la Agencia Valenciana de Turismo, del Instituto Valenciano de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (VAERSA), de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón, de Seguridad y Promoción Industrial Valencia (SEPIVA) y de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Además, este mismo juez ha aceptado que los socialistas valencianos se personen en el caso Gürtel.

Por supuesto, Camps niega las irregularidades en los contratos y asegura que hay una mano negra de La Moncloa tras las acusaciones.

Por cierto, ¿recordáis las fotos periodísticas censuradas por la Diputación de Valencia por sus referencias a Gürtel? Pues serán exhibidas en una exposición de la Asociación de Prensa de Madrid. La exposición se inaugurará el próximo día 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa.