Caso Fabra: cinco años y lo que queda

Sin duda, el caso Fabra es el caso de corrupción política por excelencia. El tiempo dirá (espero) si Castellón es o no la nueva Marbella. Poco puede añadir sobre este caso, salvo que se lleva cinco años investigando y no se ha avanzado nada.
Todo comenzó cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de una empresa de productos fitosanitarios Naranjax, denunció a Carlos Fabra por estafa, comisiones ilegales y violación del derecho de propiedad intelectual. Según parece, Fabra cobró unas comisiones por ayudar a Naranjax a agilizar la salida al mercado de unos productos fitosanitarios sin pasar por todos los controles pertinentes, algo que implicó a cuatro ex ministros del último Gobierno de Aznar (Celia Villalobos, ex ministra de Sanidad; Jesús Posadas y Miguel Arias Cañete; ex ministros de Agricultura; y Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología). Incluso se descubrió que Fabra aprovechaba las estancias veraniegas de Aznar en Oropesa para obtener las licencias que Naranjax necesitaba.
Conforme se fue tirando del hilo, se fue descubriendo irregularidades en las cuentas de la familia Fabra (de toda la familia) que él justificaba con premios de lotería. Los últimos descubrimientos sobre su patrimonio económico dicen que Fabra posee casi un centenar de cuentas en diferentes paraísos fiscales en las que figura como propietario o copropietario y en las que realizó movimientos de millones de euros sin justificar.
Tampoco podían faltar empresarios implicado en corruptelas con Fabra, como Jesús Ger, primer accionista del complejo Marina D'Or, estrechamente vinculado a Fabra, con intereses comunes más allá de la amistad. Sus intentos de entrar en el proyecto del futuro aeropuerto castellonense y en el parque lúdico Mundo Ilusión, con fondos de la Generalitat, están directamente relacionados con la propiedad de grandes extensiones de terreno a nombre de este empresario promotor y constructor.
Y para redondear el currículum, se puede señalar los casos de enchufismo, entre los cuales destaca el de su hija Andrea (casada con Güemes), actualmente senadora por Valencia, gracias al dedo señalador de su padre y la cual se perfila como la sucesora de su propio padre (por cierto, que el cargo de presidente de la Diputación de Castellón es casi un cargo hereditario en la familia Fabra desde tiempos del caciquismo).
Todo esto empezó a investigarse, como dije más adelante, hace cinco años. En esos cinco años, nueve jueces han iniciado la investigación y la han dejado para marcharse a otros destinos mejores. Se le imputan varios delitos, relacionados principalmente con fraude, cohecho y delitos de falsificación en la Administración pública. Recientemente, un reportaje del programa Caiga quien caiga (que sufrió las iras de la cadena Intereconomía, con amenazas de un "periodista", el cual ejerció de guardaespaldas de Tamayo y Saéz, tiene una sentencia pendiente por hacerse pasar por agente del CNI y fue acusado de intentar chantajear al abogado de la acusación) descubrió para toda España este caso, en plena alarma social por el mal funcionamiento de la Justicia. Recientemente se han incorporado los refuerzos previstos del juzgado de Nules (un juzgado demasiado pequeño para un caso tan grande), pero ni por esas parece arrancar el caso Fabra.