Caso Oswald: dinero (in)solidario, "conejos" y amenazas de violaciones y asesinatos

El último caso de corrupción que afecta a cargos públicos de la Comunidad Valenciana ya tiene nombre: se trata del caso Oswald. En este caso se investiga el desvío de dinero, que en principio era destinado a proyectos solidarios por todo el mundo, pero que acababa en los bolsillos de un grupo de empresarios. Estos empresarios habrían actuado protegidos y con el beneplácito de Rafael Blasco, hoy portavoz del PP en Les Corts y, por la época en la que se produjeron los hechos, conseller de Solidaridad. Sobre Rafael Blasco y la corrupción en torno a la solidaridad ya he hablado muchas veces en este blog.
Los últimos datos que han aparecido han servido para confirmar muchas de las cosas que se venían denunciando los años precedentes. Pero sinceramente, cada vez que aparece un caso de este tipo en la Comunidad Valenciana, se acaba superando en nivel de ridículo, pero también de asco, a los casos precedentes.
Las grabaciones que la policía ha obtenido revelan que Blasco era muy amigo de Augusto César Tauroni, quien actualmente está en prisión. Tauroni era el principal beneficiario de las adjudicaciones de la consellería. A través de dos ONGs (Cyes y Hemisferio) se hizo con seis millones de euros en subvenciones, entre los años 2008 y 2011. Tauroni pudo apropiarse de un millón y medio de euros a través de sus cuentas personales y de unas ocho sociedades en Estados Unidos. Así habría comprado dos inmuebles en Miami y un yate. En 2011, el chollo se le acababa a Tauroni, después de la salida de la consellería de Blasco.
El caso comenzó a ser denunciado por Clara Tirado, diputada del PSPV, que habló del desvío de dos millones de euros de dos proyectos solidarios en Nicaragua, dinero que se empleó en la compra de inmuebles en Valencia. En aquella ocasión, la beneficiaria fue Cyes. Hay otras ONGs implicadas en la trama. Junto a Cyes, habría que señalar Hemisferio (que en un principio se llamaba Solidaria entre pueblos; fundada en febrero de 2009 y que un año después ya había recibido más de 800.000 euros en subvenciones), Esperanza sin fronteras (nombre irónico para una ONG implicada en un caso de corrupción vinculado al PP), Ceyba y Fudersa.
En esta ocasión, los corruptos utilizaron un sistema de motes para nombrarse unos a otros en sus comunicaciones. Esto es una buena noticia porque podremos comprobar de nuevo cuán bajo puede caer esta gente, algo que no podíamos hacer desde el caso Gürtel. Al menos, nos podemos permitir ciertas risas, puesto que no tendremos la alegría de verlos entrar en la cárcel (esta predicción os la regalo; las demás las cobro a 1,50 la llamada). Así, gracias a las grabaciones policiales, hemos sabido que entre ellos se trataban de "conejos" y que Rafael Blasco era "Roger Rabbit". Precisamente esta es la razón por la que la policía bautizó a esta operación como "Oswald". Oswald, el conejo afortunado (the lucky rabbit) fue un personaje creado por Walt Disney en los años 20 y que protagonizó varios cortos de animación. Incluso actualmente ha llegado a protagonizar un videojuego junto a Mickey Mouse (Epic Mickey). A Blasco también lo llamaban "Roger" o "RR". Incluso "conejito". Los miembros de la trama, en la que está también implicado Josep María Felip, exdirector general de Integración y Cooperación de la Generalitat valenciano, eran, como ya he dicho "conejos" o "conills" (palabra que en valenciano significa conejos). Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama según los investigadores, era "Míster X". Su hermano, Arturo Tauroni, era "Medio Míster X". Fernando Darder era "Tailandés", porque su ONG, Esperanza sin fronteras, operaba en Tailandia. Otros motes no se han podido aún relacionar con nadie, como el caso de "Pato Lucas". No sé a qué espera Tarantino para venir a Valencia y rodar una versión cutre de Reservoir dogs.
El nivel de repugnancia lo dejo para el final. En una de las conversaciones, Augusto César Tauroni está hablando con su abogado José Vicente Gómez Tejedor. En un momento dado, hablan de la denuncia que Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha interpuesto y que sirvió para destapar el caso en 2010. La conversación, tal como ha sido publicada, es la que sigue:

Agusto César Tauroni: Y luego habrá que meditar lo que hacemos con la Mireia, si la denunciamos o lo que sea.
José Vicente Gómez: La violamos o cualquier barbaridad de esta, ¿no?
ACT: Sí, lo que sea, pero...
JVG (interrumpiéndole): Más quisiera la pobre, en fin.
Y ambos se ríen.

En las grabaciones también se emplea violencia verbal contra periodistas. Josep María Felip habla de asaltar el diario El País. Marc Llinares, exjefe del área de Cooperación explica en otra grabación que su mujer le aconseja ir "con la metralleta a matar" a un periodista. El nivel de desprecio de los implicados en la trama no tenía límites. Frases como "Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas" o referirse a los países receptores de la ayuda como "Negrolandia" así lo atestiguan.

Corrupción en Ibi

Hace tres años comenzaron a aparecer los primeros indicios de que algo se cocía en Ibi (Alicante). Pero la cosa no quedó ahí.
Recientemente, la exconcejal de la localidad Felicidad Peñalver denunciaba que la alcaldesa Mayte Parra y el teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera tienen cuentas bancarias en Suiza. La denuncia se basaba en una información anónima de la que se desprende que Parra ingresó 1,2 millones y Agüera 1,3 millones en dichas cuentas. Por su parte, la alcaldesa lo niega y se va a querellar contra Peñalver.
En cualquier caso, la denuncia de Peñalver no es la única que se está investigando. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ibi tiene una investigación abierta por el llamado Caso Caja B del polideportivo municipal. Por entonces, dimitió la concejal del PP Ana Sarabia, ahora secretaría de CDL. En relación a este caso y sus viajes, la última en declarar ha sido la propia alcaldesa Mayte Parra.
José Antonio Osurbe, exconcejal de Hacienda, Comercio y Promociones Económicas en Ibi también está siendo investigado por un delito de cohecho continuado.
Otra investigación también afecta al gerente del polideportivo, por unas facturas falsas por unas obras en el polideportivo y el trasvase de dinero a países como Nueva Zelanda, Chipre, Inglaterra, Uruguay y Suiza.
A ninguno nos extrañaría si estos casos se añadiera  a la lista de casos de corrupción de la Comunidad Valenciana. Yo, sin embargo, veo algo curioso. La corrupción está muy extendida en esta comunidad. Si esto es real, tendríamos a políticos de una localidad de poco más de 23.000 habitantes con cuentas millonarias en Suiza, traspasando dinero a otros países (para que luego digan que la crisis la hemos provocado nosotros por vivir por encima de nuestras posibilidades). Nos podría un caso de corrupción "normal" si se diera en una gran ciudad. Pero estamos hablando de una ciudad de poco más de 23.000 habitantes.

Allá donde fueres, haz lo que vieres

En Valencia, el Gobierno cuestiona el Valencia Summit, pero no su legalidad. Otra más de las incoherencias del Gobierno valenciano. a este paso, pronto nos dirán que Camps era corrupto, pero era un buen presidente.
De los negocios que llevó a cabo Iñaki Urdangarín en Valencia, lo único que se puede concluir es que Urdangarín siguió aquello de "Allá donde fueres, haz lo que vieres". Y como vio que en Valencia todos estafaban y robaban, él hizo lo mismo.
El pasado mes de febrero, el duque de Palma y yerno del rey declaró ante el juez por sus corruptelas. En lo que respecta a Valencia hay una cantidad de hechos que cuestionan la legalidad de los contratos que se firmaron en Valencia. Por ejemplo, el Instituto Nóos encargó a un empresario barcelonés la emisión de trece facturas falsas "por trabajos no realizados" para justificar ante la Generalitat valenciana el cobro por el proyecto de los Juegos Europeos. Como ya se sabe, los Juegos Europeos, que deberían haberse celebrado en Valencia, nunca se celebraron. A pesar de ello, Urdangarín recibió más de 300.000 euros por las "gestiones" que llevó a cabo. Con respecto a estas facturas falsas, mostradas ante el juez por el empresario Pablo Herrera, administrador de BPMO Edigroup, tienen fecha del 17 y 18 de mayo y un importe de 10.000 y 4.000 euros respectivamente. Hay que reconocer que, en el caso concreto de estas facturas, la Generalitat las rechazó por no contener el CIF y porque no se especificaba los eventos por los que se cobraba.
Por otro lado, en su declaración ante el juez, Urdangarín reconoció que Francisco Camps dio luz verde al Valencia Summit tres días después de una reunión cerrada con Rita Barberá. En esa reunión fue en la que Urdangarín propuso tres ediciones del Valencia Summit, un evento deportivo y turístico, organizado por el Instituto Nóos, y que debía servir para promocionar a Valencia como sede de los hipotéticos Juegos Europeos.
Pero también han ido saliendo a la luz nuevos datos. Durante el interrogatorio a Urdangarín, uno de los fiscales mostró una nota manuscrita, en la que había apuntado un número de una cuenta en Suiza. A través de esta cuenta, un empresario jordano cobró dinero de Aguas de Valencia por un trabajo que le realizó. Urdangarín aseguró que simplemente fue el mediador entre la empresa valenciana y el empresario jordano. Sin embargo, según algunas informaciones, Urdangarín llegó a cobrar una comisión de 125.000 euros, a pesar de que esos proyectos no se llevaron a cabo. El proyecto de Aguas de Valencia era la realización de trasvases en dos ríos jordanos (y los valencianos muriéndonos de sed, según la propaganda oficial del Gobierno valenciano). La empresa justificó el pago como "gestiones realizadas por el duque de Palma para conseguir que Aguas de Valencia las obras de trasvase de los dos principales ríos de Jordania y unas labores de intermediación con el Reino de Marruecos para adquirir y urbanizar unos terrenos en Tánger". La comisión pagada por aguas de Valencia fue de 250.000 euros, aunque no se sabe que pasó con los otros 125.000 euros Y como ya he dicho, los proyectos de Aguas de Valencia no se llevaron a cabo.
En definitiva, no se puede culpar a Urdangarín. Allá donde fueres, haz lo que vieres.

¿"Gomorra"? No, Alicante

Hay una escena que me sorprendió muchísimo en la novela Gomorra, de Roberto Saviano (posteriormente adaptada al cine). Un hombre está muriéndose, envenenado por los productos que hay enterrados en su propiedad. Aún así, este moribundo firma para permitir a los mafiosos que sigan enterrando basura en sus propiedades. Al final, se nos dice que la mafia ha enterrado toneladas de basura, incluido material peligroso como productos químicos, en miles de kilómetros cuadrados de Italia, provocando en muchos casos su contaminación.
El pasado mes de diciembre, se descubría un enterramiento ilegal de basuras en La Murada (Orihuela, Alicante). En teoría, el lugar era un campo de limoneros, pero debajo, en un área de 80 a 100 kilómetros cuadrados ocultaba basuras como jeringuillas, móviles, vidrios, papeles, teléfonos, aparatos electrónicos destrozados y otras cosas. Fue el pasado 21 de diciembre, cuando la policía judicial realizó unas catas en el lugar, en presencia del Seprona.
Las denuncias por enterramientos de basuras ilegales ya venían de antes. El concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Manuel Culiáñez, ya había denunciado este tipo de enterramientos el verano pasado. Sin embargo, podemos remontarnos más lejos en el tiempo. En 2008, tras denuncias de los vecinos de La Murada, agentes de la policía local de Orihuela levantaron informes sobre supuestos enterramientos ilegales de basuras en el mismo lugar donde se han descubierto ahora. Sin embargo, de esos informes nunca se supo nada. Este otoño, el ayuntamiento de Orihuela pidió a la consellería de Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente que investigara si existían los enterramientos ilegales de basuras y qué se podía hacer. El ayuntamiento señalaba dos terrenos: Los Randeros y los Ruviras, donde la policía judicial realizó las catas el pasado 21 de diciembre. La consellería contestó que, tras la visita al lugar de los agentes de la Policía de la Generalitat (la policía autonómica valenciana), el 4 de octubre, no encontraron nada. 11 días después, el periódico Informaciones constataba los enterramientos en el lugar. Eso sí, la consellería permitió al ayuntamiento de Orihuela que realizase los informes geotécnicos que considerase necesario si creía realmente que se enterraban basuras de forma ilegal.
Las prácticas mafiosas siguen asolando. Los mafiosos españoles, todos ellos contaminando las instituciones públicas, copian a sus homólogos italianos. Igual que con el caso Brugal (también en Alicante) o el caso EMARSA, casos de corrupción que comenzaron a partir de la investigación del tratamiento y gestión de basuras y residuos, veremos qué mierdas salen de las basuras enterradas ilegalmente en La Murada.

Caso Pinedo

La semana pasada, el PP ratificó su lista electoral por el municipio de Albuixech. La lista está liderada por José Alcácer. Lo curioso es que veinte días antes, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) se querelló contra Alcácer y pidió su imputación judicial por "facturar trabajos no realizados" por, al menos, 224.976 euros a la depuradora de Pinedo, la antigua EMARSA, liquidada con un agujero de 17 millones de euros. Y más curioso aún; el impulsor de esta denuncia es su compañero de partido y alcalde de Manises, Enrique Crespo, también vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia.
Es el último capítulo (de momento) de lo que podríamos llamar el caso Pinedo, un caso de que aún no se sabe toda la mierda que está por salir (y del que, de repente, ha caído un silencio más propio de la Omertà). La depuradora de Pinedo, gestionada por EMARSA, no sólo trataba la suciedad que arrastraba el agua, sino que también movía grandes cantidades de dinero. Cenas, reuniones falleras, trabajos inexistentes y lindezas parecidas y conocidas por todos era lo que realmente se gestionaba en Pinedo.
En cualquier caso, en este enlace podéis consultar algunas de las cosas publicadas en su día.

Los proyectos fantasma de Calatrava

Lo reconozco: De mayor quiero ser como Calatrava. ¿Por qué? Está muy claro: Es demasiado tentador cobrar por un trabajo, lo realices o no.
Calatrava ha cobrado por diversos trabajos de diferentes administraciones baleares y valencianas, aunque nunca se realizaron.
Por el caso de Baleares se le está investigando. Por los casos valencianos no (nuevamente, una diferencia entre los valencianos y el resto de españoles). En Baleares, el entonces presidente Jaume Matas le adjudicó el proyecto de la Ópera de Palma, por el que cobró 1,5 millones, a pesar de que el edificio nunca se levantó.
En la Comunidad Valenciana hay casos parecidos. En Valencia, Calatrava cobró 2.591.400 euros en 2005 por el anteproyecto de unas torres que debían levantarse en un solar frente al mar y junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El proyecto estaba valorado en 15 millones, por cierto. Las torres fueron planeadas sobre una parcela sujeta a litigio judicial y situada bajo la senda de aproximación de aviones al aeropuerto de Manises. Nombrada como M3 en el planeamiento urbanístico de la zona, la parcela debía albergar, si se urbanizaba, 450 viviendas de VPO en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo. Las torres de Calatrava se publicitaron como un área de "lujo con firma". El Supremo intervino a instancias de los antiguos titulares de esa parcela y obligó a la Generalitat a indemnizarlos, pero el Gobierno de Camps aún no les ha pagado. La existencia de esos obstáculos, y de otros, ya era conocida cuando la Generalitat encargó a Calatrava el anteproyecto y el proyecto básico de las torres a cambio de 15 millones de euros, cifra de la que sólo consta el pago de los citados 2.591.400 euros. Ahora, la Generalitat sacará a subasta el solar para recuperar algo de dinero.
Pero el virus Calatrava se extiende por toda la geografía valenciana. En Torrevieja (Alicante), el ayuntamiento pagó 600.000 euros al arquitecto valenciano y residente en Suiza por un proyecto que nunca se realizó en el año 2000. Tras el desembolso, el ayuntamiento se decantó por otra opción para el proyecto. El proyecto consistía en la reforma del puerto.
En Castellón puede pasar otro tanto de lo mismo, ya que el Centro de Convenciones, por el que Calatrava cobró 1,3 millones, permanece paralizado en su construcción al haber sido suspendido su plan urbanístico por el TSJV.
Este comportamiento de los políticos con Calatrava no es novedoso. El Alcoi, en 1995, el ayuntamiento pagó a Calatrava unos 90 millones de las antiguas pesetas (504.911 euros) por el proyecto de un puente que nunca se llegó a realizar porque la Generalitat le negaba la financiación prometida en el proyecto. En aquel entonces, mandaba en Alcoi el socialista Josep Sanus, y desistió del proyecto en el año 2000.

Caso Nuevo Mestalla

Las obras del Nuevo Mestalla (donde, por cierto, murieron cuatro trabajadores) llevan ya dos años paralizadas. El monumental estadio a medio terminar se ha convertido en un monumento a la especulación urbanística, motor de la economía valenciana en las últimas décadas.
Las obras se iniciaron en 2007, pero a día de hoy no se sabe cuándo terminarán. A su alrededor ha habido mucha especulación, tal como ya se intentó investigar en su momento. La permuta de los terrenos de la avenida Cortes Valencianas no fue del todo legal, empezando por el hecho de que los terrenos estaban destinados para la construcción de un polideportivo público.
Las irregularidades no quedaron sólo en la construcción del nuevo estadio, sino en el destino de los terrenos del antiguo estadio, donde también hubo irregularidades. Aunque allí no se ha podido hacer nada porque el antiguo Mestalla sigue en pie (más que nada, para que el Valencia CF no se quede sin estadio.
Por no hablar de las irregularidades en torno a la ciudad deportiva proyectada en Porxinos.
Todo esto se ha debido a que los mandamases valencianos (gobiernen lo que gobiernen) son corruptos. Los directivos del Valencia CF y los políticos lo han permitido. Y la Oposición, que debería denunciar estas prácticas, deja hacer (vergonzosa la actuación del PSPV en este asunto), justificándose en el sentimiento de valencianía.

PD: Aquí podéis ver un vídeo grabado por una persona que logró colarse en las obras y grabar su interior.

Feria Valencia

Recientemente, Feria Valencia reconoció pérdidas de 2,7 millones de euros y presentó un ERE, con la intencion de recuperarse de dichas pérdidas. Pero las pérdidas de Feria Valencia no se deben a que su actividad sea muy costosa, sino a que está ligada a un nuevo caso de corrupción en Valencia.
La empresa madrileña Golberry & Bombadil (G&B) asesora desde junio de 2009 a Feria Valencia en márketing y comunicación. Lo curioso es que esta empresa fue contratada tan sólo nueve días después de que fuera constituida. El administrador único de esta empresa, que responde a las iniciales D C G, es también administrador de Sintec, otra empresa vinculada a Feria Valencia. Sintec fue fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad del recinto ferial por 196.000 euros sin IVA. Ese mismo día, el tal D C G y el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, firmaban los acuerdos que ligaban a ambas empresas con Feria Valencia.
D C G se convirtió gracias a estos contratos en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. C O (responsable del márketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad) aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro de la investigación del caso Gürtel.

Según dicho informe, a C O se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad B de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Incluso se dice que C O habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market.
La consultora madrileña que asesora a Feria Valencia cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.
Ex trabajadores de Feria Valencia presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que criticaban los derroches de la institución, que, como ya he señalado antes, ha iniciado un ERE.
En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".
El de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (o repercusión en internet); y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.
El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las pérdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales.

Caso Monforte

El caso Monforte nos ha traído las primeras imputaciones de altos cargos públicos valencianos del año (ya van quedando menos). Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Valencia, y otros cuatro técnicos municipales figuran en la causa.
Este caso se inició con la construcción en 2004 de un aparcamiento subterráneo en el subsuelo de los Jardines de Monforte. Los Jardines de Monforte están declarados Bien de Interés Cultural (cosa que, en un primer momento, Bellver dijo que desconocía), por lo que cualquier obra que el afecte es ilegal. Las obras fueron concedidas a Enrique Ortiz e Hijos Contratista fde Obras SA, una de las constructoras implicada en casos de corrupción como Gürtel y Brugal.
Los implicados en el caso Monforte alegan que la construcción no afecta al jardín por haberse realizado en su subsuelo. Sin embargo, el conjunto sí que se vio afectado, ya que las plantas hundían sus raíces en la tierra y acababan llegando hasta el aparcamiento, encerrado en una gran urna de hormigón, lo cual hacía que se acumulara gran cantidad de humedad. Para solventarlo, el ayuntamiento decidió derribar el muro que rodea al jardín y sustituirlo por una verja metálica, para permitir airear a las plantas. Esto llamó la atención del colectivo Cercle Obert, que descubrió las irregularidades y denunció la situación.
Actualmente, Bellver sigue en su cargo, apoyado por la alcaldesa Rita Barberá. Se defiende diciendo que todos los informes le dan la razón y que todo se trata de una persecución política.

Caso Laterne

Hace unos días, Joan Ribó, candidato a la alcaldía de Valencia por Compromís, denunció ante la fiscalía un nuevo caso de corrupción en Valencia, que afecta a la propia alcaldesa Rita Barberá. Según la denuncia, su gestión al frente del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) esta llena de irregularidades, entre ellas, certificar ante el Registro sus cuentas durante varios años a espaldas de la asamblea general y hacer pagos a cuenta de trabajos no realizados a una sociedad del Grupo Laterne. Durante la campaña electoral de 2007, este grupo organizó un acto del PP en El Cabanyal y subcontrató a Orange Market, empresa de la trama Gürtel. De las acusaciones se pueden deducir delitos de falsificación documental y financiación de actos electorales a cargo de empresas públicas. La denuncia se extiende a Rita Barberá y a Arturo Virosque, ex secretario de la Cámara de Comercio y, por aquel entonces, secretario del CEyD.
Según la denuncia, esta firma pagó al menos dos facturas por un valor total de 300.000 euros en septiembre de 2007 a City Marketing Council, del Grupo Laterne, por la puesta en marcha de un Observatorio de la Ciudad. Estas facturas se corrigieron en 2008 y la entidad, que preside Rita Barberá, acabó pagando a City Marketing Council, del grupo que presidía Vicente Sáez Tormo, otra factura de 201.846 euros por una serie de trabajos que en su mayor parte no se realizaron, ya que Laterne quebró. Compromís alude a que el Infobarómetro de la Ciudad, producto surgido del Observatorio, no se realizó hasta 2009 y lo hizo otra empresa distinta.
El Gobierno local no ha dado explicaciones sobre si el dinero ha sido devuelto por Laterne a través del CEyD ni se prevé una comisión que lo investigue. Rita Barberá ya respondió hace un mes a una cuestión sobre este tema, diciendo que ella no comenta estos temas en ruedas de prensa.

ESERCA

La Empresa Pública de Servicios de Catarroja (ESERCA) es la última empresa pública sobre la que recaen sospechas de irregularidades. Sospechas que parecen confirmarse cuando vemos cómo desde nadie, ni responsables políticos ni responsables de la empresa, dan respuestas ni información. Ni siquiera de las cuentas, que deberían ser públicas, como pública es la empresa.
Esta empresa fue creada hace poco más de un año, lo cual no ha impedido que ya esté manchada por el barro de la corrupción. El pasado 5 de noviembre se celebró la Junta General de ESERCA, en la que se aprobó una ampliación de capital inferior al presupuestado, del 53%, y en la que se remitió el documento con las inversiones definitivas con cargo al ejercicio 2010. En este sentido la inversión es de 346.000 euros, frente a los más de 965.000 euros previstos, y las actuaciones en el puerto de Catarrroja se quedan en 18.000 euros, desde los 51.000 iniciales. Asimismo, desde el PSPV se ha denunciado que "la actuación estrella que tanto publicitaron en el barrio de Barraques" queda en 38.000 euros, frente a los 388.000 que se preveía comprometer.
A pesar de esta reducción en las inversiones previstas, los gastos de personal ascienden casi al mismo importe que la inversión que se pretende realizar. La gerente de la empresa tiene asignado un sueldo "de más de 47.000 euros" y un director de explotación cobra "más de 61.000".
Asimismo, también cabe denunciar que se ha utilizado al personal de la empresa pública "para poner la mesa a los militantes del PP en la comida del 9 d'Octubre o para trasladar los protocolos de una notaría a la notaría donde trabaja la concejala de fiestas", según denuncias del PSPV.
No sólo eso. El enchufismo está a la orden del día. Por ejemplo, en su día se contrató como gerente a la esposa del actual portavoz del PP y concejal de Hacienda. Ahora, ella ha cogido una baja por maternidad y el PP y UV (los dos partidos gobernantes en Catarroja) decidieron contratar como director de obras del Plan de Inversión Productiva a un ex concejal de Catarroja.
En el resto de asuntos tampoco se diferencia mucho ESERCA de otras empresas públicas corruptas de Valecnia. Pérdidas económicas generalizadas que nadie explica, sueldos demasiados altos para los directivos, uso de recursos públicos para actividades del partido, inactividad de la propia empresa, ocultación de información y de cuentas...
Estas cosas no deberían sorprendernos... Pero sí indignarnos. Que es nuestro dinero el que se están llevando.

EMARSA

La Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (EMARSA) es la última empresa pública en verse implicada en un caso de corrupción. Esta empresa se dedica a gestionar la depuradora de Pinedo (aunque la depuradora pertenece a EMSHI, Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulicos), a través de la cual se han descubierto una serie de irregularidades. De nuevo, la mierda atrae más mierda, como pasó en Alicante. Son muchas las irregularidades que ya se asocian a EMARSA (que, por cierto, arrastra pérdidas millonarias). Estas son algunas de esas irregularidades:

-El año pasado contrató, a través de empresas externas, 4,7 millones sin fiscalización ni control. Entre los gastos contratados en 2009 y sin ningún tipo de control figuran 405.000 euros en concepto de "servicios profesionales independientes", 195.000 euros para "publicidad y relaciones públicas", 670.000 euros para "otros servicios" (de ellos 140.000 euros son para "viajes"), y 130.000 euros para "relaciones externas".

-Nueve de sus directivos cobran más que el presidente del Gobierno.

-Pintergreen SL, una empresa de artes gráficas con supuesta sede en Igualada (Barcelona), facturó 3.076.962,67 euros. Pero, al parecer, Pintergreen carece de sede social y aparentemente no realiza ninguna actividad en esta ciudad. De hecho, cesó su actividad en 2007. La sede social de Igualada donde supuestamente se ubica esta empresa, es una zona residencial en la que no figura ninguna actividad parecida a la que realizaría Pintergreen.

-Varios miembros del PP están relacionados con este caso. Tanton EMARSA como EMSHI están controladas por el PP. Enrique Crespo, también alcalde de Manises, es el presidente de EMARSA. Dice que no sabía nada de las irregualirades y que le duelen. Pues vaya un dirigente que no se entera de lo que pasa en su casa. El ayuntamiento de Valencia cuenta con el 48% de los votos totales de EMSHI. Antes de crespo, dos hombres del PP ya pasaron por la dirección de EMARSA: Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent, presidente del PP local. El gerente, Esteban Cuesta, ahora en paro, es miembro de la dirección local del PP y preside la agrupación del distrito de Pedanías Oeste de Valencia. Fue alcalde pedáneo de Benimàmet con Barberá de alcaldesa y accedió a la gerencia de la depuradora de Pinedo con Crespo. El director de Sistemas, Ignacio Martínez, es secretario general del PP en Trànsits (Valencia). El director de Administración, Santos Peral, es secretario general del PP en el barrio valenciano de Patraix.

-EMARSA pagó 4,5 millones en material informático, pero sólo tenía treinta ordenadores. Las empresas a las que se pagó esa cantidad eran Microprocesadores Valencia SL y Sofitec Informática SL, ambas propiedad de Sebastián García Martínez. Ambas empresas exigían el pago de facturas de 421.541 euros por suministros de material tasados, según técnicos independientes, en 30.000 euros.

-Dos empresas de la hermana de Sebastián García Martínez, María Paz García Martínez, facturaron 4,4 millones de euros en concepto de mantenimiento. Las empresas eran Construcciones Rocafort, que facturó de 2005 a 2010, unos 3,4 millones de euros. La otra es Mantenimientos Valmasmark SL, que facturó desde 2008, unos 846.614 euros, a pesar de que nunca trabajó para EMARSA.

-EMARSA pagó quince millones de euros a una asesoría contable para que gestionase la retirada de lodos, algo que ya hacia otra empresa.

-José Ignacio Roca Samper es el dueño de tres empresas que cobraron quince millones. Las tres empresas tienen sede social en Cataluña. Las empresas son Etwan Eigentlich, Erwinin (estas dos empresas con la misma sede social, la calle Roger de Flor, números 45 y 47, en Barcelona) y Printergreen, empresa de la que hemos hablado en el tercer punto. Las dos primeras se dedican a la asesoría laboral, contable y fiscal y a la compra y venta de fincas y a la urbanización. La tercera, aunque oficialmente se dedicaba a las artes gráficas, parece que ahora se dedica a los vehículos de tracción mecánica, los repuestos y la enseñanza y preparación para la reparación. Creada en 2002, la primera que facturó a EMARSA fue Etwas Eigentlich, que en alemán significa "algo en realidad". Esta firma facturó 792.105 euros a la depuradora de Pinedo en 2005. Al año siguiente tomó el relevo Erwinin, creada precisamente entonces. Las cantidades facturadas a EMARSA por esta sociedad fueron 3,2 millones de euros en 2006; 4,9 millones en 2007; 2,5 millones en 2008 y 370.588 euros en 2009. Ese mismo ejercicio ya comenzó a facturar la tercera de las empresas, Printergreen, que había comenzado a operar en 2007. La firma facturó a EMARSA 1,7 millones de euros en 2009 y ha facturado 1,2 millones en 2010, de los que tiene pendientes de pago 449.228 euros. En total, la suma alcanza los 14,9 millones de euros y el concepto que justifica el gasto, en algunos casos es el de "lodos".

-EMARSA financió la fundación Agua y Progreso entre 2009 y 2010 con 24.000 euros, a pesar de estar en pérdidas.

-El gerente Esteban Cuesta blindó por su cuenta y riesgo, con 34 millones, un contrato con Notec, para la gestión de lodos.

-EMARSA pagó por el transporte y tratamiento de lodos tres veces más de lo que paga la empresa metropolitana de Barcelona.

-EMARSA pagó 100.000 euros en azafatas a una empresa de la mujer de un directivo.

IVAM

Álvarez Cascos ya demostró hace algunos años que los corruptos también pueden sacar tajada del arte. Esta lección también la han aprendido en el Gboierno valenciano.
Y el Museo IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) es un claro ejemplo de esa especualción artísitca y política. Está dirigido Consuelo Ciscar, una mujer que dejó el PSPV, junto a su marido (también ex socialista después de haber militado, incluso, en el FRAP) Rafael Blasco, en los últimos años del lermismo (Blasco, además, se iba del PSPV expulsado por Lerma, y convertido en el primer conseller que era acusado de corrupción en democracia). El IVAM, que como he dicho dirige Consuelo Ciscar, ha dejado de ser el referente que fue en el pasado y ha perdido calidad en las exposiciones. Eso por no hablar del enchufismo instalado en ese edificio, promocionando las carreras artísticas de gente como Tono Sanmartín (peluquero de Ciscar) o Rafael Blasco Ciscar (Rablaci en el mundo artístico), hijo de la pareja Blasco-Ciscar.
Dejo un par de enlaces para comprobar los últimos chanchullos en torno al IVAM (están en valenciano, pero se pueden traducir con el traductor Google):

-Las extrañas relaciones de los fondos de inversión de arte vinculados al IVAM.

-Ciscar somete al IVAM a El Mundo para impulsar a sus afines.

CEyD: ¿Qué oculta Rita Barberá?

El Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) es otra de esas empresas públicas que pululan sin control por Valencia. En realidad, es una asociación que se financia con dinero público. Sus responables políticos son Alfonso Grau, concejal de Grandes Proyectos y primer teniente de alcalde; y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Esta asociación recibió cinco millones de euros del dinero público en seis años. En septiembre de 2007, el CEyD encargó a la empresa City Marketing Council SL, del grupo Laterne, varios trabajos, entre ellos, la elaboración de un infobarómetro de la ciudad. Por este trabajo, City Marketing Council pasó al Gobierno valenciano dos facturas de 300.000 euros. En mayo de 2008, la empresa enviaba una factura rectificativa por la que se devolvía la cantidad de 300.000 euros y se rebajaba a 201.846 euros. Pero ese verano, el grupo Laterne quebró y, a día de hoy, no se sabe si cobraron esa factura o no. Además, otra empresa se encargó de los trabajos que debía haber realizado City Marketing Council. Las cuentas del CEyD siguen oscuras y opacas.
Tres años lleva la concejala socialista Ana Noguera preguntando por las cuentas y actividades del CEyD. La respuesta, tanto de Grau como de Barberá, siempre es la misma: "Ustedes no tienen derecho". Pues si ellos no tienen derecho, los ciudadanos sí; que para eso es nuestro dinero.

Las últimas informaciones con respecto a las cuentas del CEyD apuntan a un desfase de 550.568 euros entre los ingresos que reconoce la fundación y los pagos que reconoce el ayuntamiento e Valencia. Así lo denunció ayer la concejala socialista Ana Botella (no, la mujer de Aznar no se ha pasado al bando de los rojos, separatistas y antiespañoles; Dios la libre). Ante esta situación sólo cabe decir que, si Rita Barberá sigue negándose a sacar a la luz las cuentas de una asociación pública, es legítimo pensar que algo oculta. ¿Tal vez la corrupción que también hay en su Gobierno, por mucho que lo niegue?

Gestión y Eficiencia Empresarial

Hace ya tiempo, hice un repaso por algunas de las principales empresas públicas valencianas inmersas en casos de corrupción. Ahora ya podemos añadir otra más: Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE). Dicha empresa depende de la consellería de Economía, no en vano, Gerardo Camps figura como presidente del patronato. Sin embargo, en la supuesta sede de la empresa no figura ninguna identificación. Ni siquiera en los timbres de los porteros automáticos, ni en los buzones ni en ninguna puerta del edificio de la calle Colón donde supuestamente debería estar.
Tampoco tiene actividad ninguna dicha empresa, que cuenta con dos empleadas que cobran más de cien mil euros, un tercio del presupuesto de la empresa. Las empleadas son: la gerente, Dolores Bello, y la técnico Lucía Aparicio, ambas ligadas al PP. La empresa fue creada el 12 de junio de 2007.
Gestión y Eficiencia Empresarial ha tenido tan pocas actuaciones que ni presentó la memoria de actividades correspondiente a 2008 junto a las cuentas anuales. Una contabilidad que retrata, además, el gasto de 16.795,74 euros en el alquiler del despacho; 4.216 en amueblarlo y 3.500 euros en la compra de los ordenadores de sobremesa. También se dedicaron otros 2.657,40 euros a adquirir dos portátiles. Además de la informática, la fundación gastó 2.279 euros en un manual de imagen corporativa y casi 2.000 en la puesta en marcha de la web (que no está ni siquiera operativa). Al pago de "servicios profesionales independientes" se dedicaron 20.094 euros.
Si ahora esta empresa ha saltado a las páginas de los diarios es porque, al parecer, Alfonso Rus, presiente de la Diputación de Valencia, ha desviado 300.000 euros del fondo de Turismo a esta empresa.
Debe ser cosa de la crisis.

Mundo Ilusión

Mundo Ilusión era uno de los proyectos estrella de Carlos Fabra, el Terra Mítica de Castellón. Igual que aquél, un fiasco. Pero en este caso, mucho más dramático.
Cuando digo que "era", lo digo porque recientemente el proyecto se ha paralizado y, posiblemente, sea retirado (ellos hablan, de momento, de un "hasta luego"). Lo curioso es que este año se cumplen diez años de aquel proyecto. Y en esos diez años, lo único que se ha visto son gastos por millones en estudios e investigaciones del Tribunal de Cuentas.
Bajo el paraguas de la sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), Mundo Ilusión no ha tenido ningún avance en estos años. La Generalitat se escuda en que no dispone del suelo. Lo único que se ha hecho es encargar informes de los que nada se sabe. Hasta cuatro estudios de viabilidad se han contratado con consultoras norteamericanas. El último, con la firma Baker Leisure Group, la misma que falló en las previsiones de negocio y visitantes de Terra Mítica.
Lo cierto es que se hizo una gran inversión mirando al futuro, como la construcción del aeropuerto de Castellón, que ahora ya no ve tan clara su viabilidad sin el parque.
La falta de publicidad en la contratación le valió una investigación del Tribunal de Cuentas. La plantilla genera gastos en sueldos y salarios de 70.000 euros al año. Según la Oposición, entre dos y tres millones se han podido gastar inútilmente en el proyecto. Pero, ¿quién sabe? Y más aún, ¿quién sabe dónde... estará ese dinero?

AUMSA

Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) es otra de esas empresa públicas valencianas que han llamado la atención de Bruselas por sus continuas irregularidades, cosa que el Consell siempre ha negado. Esto no nos viene de nuevo. Y es que, a irregularidades, nos gana poca gente.
AUMSA depende del ayuntamiento valenciano y forma parte, junto a la también irregular IVVSA, de Cabanyal 2010, de la que ya he hablado unas cuantas veces en este blog. La falta de transparencia en la actividad de este tipo de empresas suele ser el motivo de estas denuncias. Ello, unido a la corrupción urbanística galopante de la Comunidad Valenciana forman un caldo de cultivo perfecto para que los mismos corruptos de siempre, constructores y políticos, se llenen los bolsillos.
Pero por una vez me gustaría que la Unión Europea sentase en el banquillo a esta gente y, al menos, les diese un buen susto. Nuestro dinero se va en ello.

Valmor Sports e IVF

Esta es otra de esas empresas creadas al calor de alguno de los grandes eventos (en este caso, la Fórmula 1). Tiene carácter privado oficialmente.
Ya he hablado antes, en esta sección, de los tejemanejes de la Fórmula 1. No es de extrañar que Valmor Sports ande implicada en ellos.
Un último episodio se vivió hace unos días cuando el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el brazo financiero de la Generalitat, concedía un crédito cuya cuantía no ha sido cifrada por ser Valmor una entidad privada. Como siempre, sin saber cuánto dinero ni a dónde.
En fin, un episodio más, como digo. Y más que quedan. Hasta el 2015, tenemos tiempo para que Ecclestone y compañía (a pesar de las dudas del propio Agag), nos sigan robando dinero con la excusa de ver a un montón de coches corriendo a 300 km/h por nuestro puerto.

VAERSA

En el repaso diario de empresas públicas corruptas de la Comunidad Valenciana, hoy le toca el turno a Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (VAERSA), la cual, por cierto, también aparece en la rama valenciana de la trama Gürtel por un contrato con Orange Market, lo cual nos da una idea de por dónde van los tiros.
Esta empresa pertenece por entero a la Generalitat y realiza encargos, generalmente de la Consellería de Medio Ambiente y Agricultura. Así pues, VAERSA se encargó de la construcción y explotación de varias plantas de tratamiento de basuras, ecoparques y vertederos.
¿Y qué nos encontramos? Que VAERSA ha realizado la construcción de algunas plantas de tratamiento de residuos en terrenos que no le pertenecían (en Alzira, Villena o Náquera).
Otro de los requisitos para ser una buena empresa pública valenciana es falsear la información. VAERSA no se queda atrás y sus "análisis de rentabilidad respecto a las plantas de residuos, que ha construido o gestiona, no se sustentan en información fiable".
Por supuesto, las leyes están para saltárselas, por eso, y como siempre, la Ley de Contratos de la Administración Pública no se cumple casi nunca en los encargos que recibe VAERSA. Incluso hay proyectos ejecutados sin contar con la encomienda de la Generalitat, algo obligatorio.
Igual que en el IVVSA, se ha detectado personal de VAERSA realizando funciones que corresponden a funcionarios de la Consellería de Medio Ambiente, en áreas como Impacto Ambiental, Residuos, Playas o Contaminación Atmosférica.
Y con respecto a la gestión del dinero público, podemos decir lo mismo que en todos los anteriores casos, agujeros negros tragamillones. Nada nuevo bajo el sol.

IVVSA

Vuelvo a abrir la etiqueta "Corrupción", en la que repasaba algunos de los casos de corrupción política más importantes de la Comunidad Valenciana de os últimos años. Y lo hago repasando la actividad del Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA).
Al igual que la empresa Cabanyal 2010 (aquella empresa pública creada para la expropiación de las viviendas de el barrio del Cabanyal y su posterior destrucción), esta empresa también ha sido investigada por la Unión Europea. Precisamente una delas razones por las que España recibe tantos avisos de irregularidades inmobiliarias se debe a actuaciones en el Levante español, principalmente Comunidad Valenciana.
IVVSA no es una excepción entre las empresas públicas creadas por la Generalitat. Sus irregularidades se centran, sobre todo, en una sospechosa y nefasta gestión del dinero público. Gastos astronómicos sin justificar, facturas extrañas (en 2006 se detectó facturas por un importe total de 20.597.862 euros "emitidas por el Instituto y no registradas por la Consellería de Territorio y Vivienda, por falta de consignación presupuestaria, en concepto de reparaciones del patrimonio público de viviendas") son algunas de esas irregularidades.
En el área de reparación y conservación del patrimonio inmobiliaria de la Generalitat, por su parte, se han detectado gastos de 10,1 millones de euros "sin formalizar los preceptivos expedientes de contratación, según la Ley de Contratos, al objeto de garantizar una gestión eficiente y objetiva".
Tampoco faltan las contrataciones irregulares de personal. En el mismo 2006 se detectaron "un total de 44 trabajadores prestaban sus servicios en diversas unidades de la entonces Consellería de Territorio y Vivienda y de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento laboral y en la normativa de función pública, en la medida que ocupan puestos de trabajo inexistentes o reservados a funcionarios públicos". Estos 44 trabajadores estaban adscritos a una unidad que el IVVSA denominaba Coordinación Consellería" y suponía un coste de 1,6 millones de euros. Se trataba, además, de trabajadores contratados y pagados por el IVVSA pero que "sin embargo prestaban sus servicios en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo (35) y en la dirección general de Arquitectura de la Consellería de Infraestructuras (9)".