IVVSA

Vuelvo a abrir la etiqueta "Corrupción", en la que repasaba algunos de los casos de corrupción política más importantes de la Comunidad Valenciana de os últimos años. Y lo hago repasando la actividad del Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA).
Al igual que la empresa Cabanyal 2010 (aquella empresa pública creada para la expropiación de las viviendas de el barrio del Cabanyal y su posterior destrucción), esta empresa también ha sido investigada por la Unión Europea. Precisamente una delas razones por las que España recibe tantos avisos de irregularidades inmobiliarias se debe a actuaciones en el Levante español, principalmente Comunidad Valenciana.
IVVSA no es una excepción entre las empresas públicas creadas por la Generalitat. Sus irregularidades se centran, sobre todo, en una sospechosa y nefasta gestión del dinero público. Gastos astronómicos sin justificar, facturas extrañas (en 2006 se detectó facturas por un importe total de 20.597.862 euros "emitidas por el Instituto y no registradas por la Consellería de Territorio y Vivienda, por falta de consignación presupuestaria, en concepto de reparaciones del patrimonio público de viviendas") son algunas de esas irregularidades.
En el área de reparación y conservación del patrimonio inmobiliaria de la Generalitat, por su parte, se han detectado gastos de 10,1 millones de euros "sin formalizar los preceptivos expedientes de contratación, según la Ley de Contratos, al objeto de garantizar una gestión eficiente y objetiva".
Tampoco faltan las contrataciones irregulares de personal. En el mismo 2006 se detectaron "un total de 44 trabajadores prestaban sus servicios en diversas unidades de la entonces Consellería de Territorio y Vivienda y de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento laboral y en la normativa de función pública, en la medida que ocupan puestos de trabajo inexistentes o reservados a funcionarios públicos". Estos 44 trabajadores estaban adscritos a una unidad que el IVVSA denominaba Coordinación Consellería" y suponía un coste de 1,6 millones de euros. Se trataba, además, de trabajadores contratados y pagados por el IVVSA pero que "sin embargo prestaban sus servicios en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo (35) y en la dirección general de Arquitectura de la Consellería de Infraestructuras (9)".