El Gürtel alicantino

El caso Brugal sigue dando disgustos a más de uno y va camino de convertirse en una trama al estilo de la trama Gürtel. De hecho, ya se señala hacia la financiación ilegal del PP, igual que en la trama valenciana.
Las grabaciones policiales revelan que los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll gestionaron con el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el proceso de adjudicación de la planta de basuras de la Vega Baja. A cambio, Ripoll pudo recibir la propiedad de dos pisos o su equivalente en dinero. También se investiga la adjudicación de basuras del ayuntamiento de Orihuela (cuya alcaldesa también está imputada en el caso) y que apunta a una posible financiación irregular por parte de Fenoll, el cual quería que ganase el PP para asegurarse el contrato.
La planta de La Vega Baja la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Ortiz. El contrato acaba de ser declarado ilegal por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, que ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la planta.
El contrato de la basura de Orihuela, por su parte, se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las empresas Liasur y Gobancast, tras una denuncia de Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Las empresas de Fenoll utilizan los camiones del grupo Autisa, del empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll. Ambos están imputados en el caso.