La hora de la Justicia

A pesar de que Cospedal siga afirmando que Camps es el mejor candidato para las autonómicas de 2011 y que el PP ya ha dado expoliaciones puntuales sobre Gürtel, el 12 de mayo será la hora en que se pronuncien los que tienen que pronunciarse. En este caso, será el Supremo que decidirá si se reabre el caso de los trajes de Camps.
El juez Antonio Pedreira parece (no me lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos) que quiere llegar al fondo de todo el asunto. Este juez quiere elevar la rama valenciana de la trama Gürtel al Supremo. Según sus investigaciones, podría haber implicados aforados regionales y nacionales. El 12 de mayo, como ya he dicho antes, será cuando el Supremo decida si se reabre el caso (con lo que continuará la investigación) o no (lo que cerrará el caso definitivamente).
Y aunque el PP ha intentado siempre desvincularse de la trama, ahora intentan frenar las investigaciones de Pedreira en torno al Gobierno valenciano, lo que demuestran lo nerviosos que están. De hecho, el lunes el PP recurrió la providencia del juez Pedreira en la que pedía la identidad de los responsables de los contratos con la trama Gürtel. Eso es colaborar con la Justicia. Recordemos que las entidades afectadas son Presidencia; Vicepresidencia; consellería de Justicia; de Territorio y Vivienda; de Infraestructuras y Transporte; de Turismo; de Cultura, Educación y Deportes; Bienestar Social y Sanidad; Agencia Valenciana de Turismo; del Instituto Valenciano de Evaluación; de la Agencia Valenciana de Salud; de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (VAERSA); de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes; del Proyecto Cultural de Castellón y de Seguridad y Promoción Industrial Valencia (SEPIVA); y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Firmaron contratos con Orange Market (46 contratos, 6.829.079,16 euros), Special Events (13 expedientes, por importe de 145.980,70 euros), Diseño Asimétrico (8 expedientes, 85.970 euros), Down Town Consulting, Good & Better, Servimadrid, Technology Consulting Management, Boomerangdrive y Rialgreen.
Por otro lado, la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia no sólo sirvió para que se beneficiarán los de la trama Gürtel. También sirvió para beneficiar a los Kikos. Fue un dinero inesperado, ya que los del Movimiento Neocatecumenal celebraron un acto al día siguiente de la visita papal. Para este acto se aprovechó la infraestructura del día anterior (recordemos que Teconsa se encargó de la sonorización del acto papal para Canal 9). Teconsa se llevó 180.000 euros adicionales, pagados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, ya que los Kikos argumentaron que no tenían dinero para correr con los gastos. En el pen drive intervenido en el piso de la calle de Serrano a Francisco Correa se detalla este pago a la trama. Dentro de la carpeta titulada "Visita Papa" figura un ingreso de 180.000 euros con el concepto "Acto de los kikos", junto a los 6,4 millones procedentes de RTVV para la visita papal. Además, se detalla en este documento que el coste real del acto de los Kikos fue de 98.000 euros (60.000 para le empresa Sirios; 16.000 para Sejuro y 6.000 de gastos de producción). Por lo tanto, la trama ingresó 82.000 euros limpios en comisiones por este servicio. Además, la Fundación decidió aumentar el contrato a Teconsa en el último momento, y no discutió el precio, puesto que se consideró que mantener la infraestructura utilizada en la visita papal era la única manera de poder retransmitir también el encuentro de los Kikos. El trabajo no salió a concurso y tampoco pasó filtro alguno.
También está investigando Pedreira los contratos de los servicios de limpieza de los ayuntamientos de Madrid, Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, así como la concesión de plantas de residuos en localidades de Salamanca y Alicante. Con respecto al caso alicantino, el empresario Plácido Vázquez (cuyo nombre aparece en la contabilidad B de Correa) recibió 321.230 euros en 2004 por el asesoramiento en el concurso para construir una planta de tratamiento de lodos en Guardamar de Segura (Alicante). No existen documentos que justifiquen el pago y la planta no llegó a construirse, a pesar de que la empresa Sufi fue seleccionada para el proyecto, e iba a embolsarse 4,9 millones.