Justicia

Hoy día 3, como se viene haciendo el día 3 de cada mes desde hace cuatro años, los familiares de los fallecidos en el accidente de metro del 3 de julio de 2006 saldrán a la plaza de la Virgen, en Valencia, hacia las 19:00 horas, para seguir exigiendo lo que se les debe.
Las exigencias de este colectivo vienen sustentadas, desde mi punto de vista, por cuatro pilares fundamentales: Justicia (y aquí incluyo las responsabilidades políticas), dignidad, respuestas y seguridad.
Hoy, y en los meses sucesivos, dedicaré el día 3 a analizar cada uno de esos pilares para ver hasta qué punto son legítimas estas reivindicaciones y si se pueden o no justificar. Así pues, este mes lo dedicaré a la Justicia en el caso metro.

El caso del metro es uno de los casos más escandalosos de manipulación política, si tenemos en cuenta que hay 43 muertos sobre la mesa. Ningún político asumió ninguna responsabilidad por lo sucedido. Se dice que el entonces conseller de Infraestructuras y Transportes, José ramón García Antón, trató de dimitir varias veces el día del accidente, pero Camps nunca aceptó su dimisión. Sin embargo, creo que esos rumores son más bien fruto de la cultura de hacer bueno al que muere (García Antón falleció en agosto del año pasado) que otra cosa, ya que nunca tuvo intención de dimitir y, de hecho, tras las elecciones de 2007 se le premió con otra consellería más importante. Los políticos fueron a la suya: mentir para proteger su culo en el asiento.
Les Corts Valencianes llevaron a cabo una comisión de investigación, presidida por Rafael Maluenda, del PP (como curiosidad, diré que el portavoz del PP en esta comisión era Ricardo Costa). Dicha comisión se inició el 17 de julio de 2006 (dos semanas después del accidente). Sin embargo, hasta finales de ese mes se estuvo discutiendo quienes declararían en la comisión. Algunos técnicos que iban a decir cosas contrarias a la tesis de la velocidad como causante del accidente fueron vetados. Las entrevistas de la comisión comenzaron el 27 de julio y duraron hasta el 11 de agosto (y seguimos en 2006). Las conclusiones fueron que el accidente fue fortuito e imprevisible y que no cabían responsabilidades políticas. Sólo el PP votó a favor de esas conclusiones. Fue la comisión de investigación más corta de la Historia de la Comunidad Valenciana... y de España (más tarde, ese récord sería superado por la comisión de investigación de la trama de espionaje en el Gobierno de Madrid).

Judicialmente, la jueza Nieves Molina llevó a cabo una investigación que, en realidad, era otra farsa. Ella tampoco quiso tener en cuenta informes que hablaban en contra de la tesis de la velocidad. Con motivo de las elecciones de 2007, cerró provisionalmente el caso (lo que provocó la protesta de los familiares, con una manifestación por las calles de Valencia el 3 de abril de 2007). Tras la victoria del PP, el caso fue reabirto para, enseguida, volver a ser cerrado definitivamente con conclusiones idénticas, punto por punto, con las de la comisión de investigación parlamentaria. Sólo una diferencia, la jueza reconocía que cabía pedir responsabilidades políticas, pero aseguraba que un juzgado no es donde deben dirimirse dichas responsabilidades.
Uno de los episodios más estrambóticos fue la destrucción de la unidad siniestrada. Se destruyó en 2008. Hasta entonces había permanecido al aire libre, en las cocheras de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV, la empresa que gestiona el metro en la Comunidad Valenciana) en València Sud. Sólo permanecía cubierto por una lona azul. Pues bien, la jueza ordenó en 2008 destruir la unidad. FGV no tardó ni 24 horas en proceder a la destrucción. Sin embargo, al día siguiente la jueza descubrió que sobre la unidad había dos recursos judiciales pendientes, por lo que emitió una resolución para detener la destrucción. Pero llegó demasiado tarde, por lo que la jueza se vio obligada a emitir otra resolución permitiendo la destrucción de una unidad que ya había sido destruida.

Otros episodios fueron el de un grupo de familias que intentó poner una querella. Cuando se supo la noticia, varios políticos valencianos (y me estoy refiriendo, en especial, a un conseller) se dedicaron a ir personalmente a las casas de los familiares para "ofrecerles todo lo que quisieran". Todo menos lo que realmente quieren. Desgraciadamente, algunas familias han decidido callar.
Otro caso es el de los sindicatos. Hay cuatro con representación en FGV. Son: UGT, CC.OO., Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) y Sindicato Ferroviario (SF). Iban a presentar una demanda conjunta por la muerte de dos trabajadores en el accidente (el maquinista y la interventora). Pero unos días antes, UGT y CC.OO. se retiran sin dar muchas explicaciones. Los otros dos sindicatos aseguran que sin los grandes no pueden asumir los costes de la querella y ésta no se presenta.