Patrimonio sospechoso

Este fin de semana, el diario El País publicaba una lista de políticos valencianos cuyo patrimonio está bajo sospecha. Los nombrados son:

-Bernabé Cano: Alcalde de La Nucia, uno de los epicentros del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Su patrimonio está incorporado, precisamente, en el sumario de la investigación del caso Gürtel. Desde que en 2002 contratara a Special Events para organizar en La Nucia la gala de los premios periodísticos Luis del Olmo, Cano se han relacionado con Francisco Correa, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez (del que también era íntimo amigo) o Pablo Crespo, que incluso tenía un barco en el Club Náutico de Altea. Paralelamente, el patrimonio de Cano fue engordando. Este mismo año escrituró dos pisos que compró en Altea en 2003. El ático, pagado al contado, fue inscrito por casi 480.000 euros, menos de la mitad de su valor de mercado. En las escrituras, la notaría advirtió que faltaba por justificar el pago de 215.000 de los 823.000 euros abonados por ambas casas. El edificio ha sido construido por empresarios con intereses urbanizadores en el municipio. Cano ha conseguido demostrar el origen del dinero, que procede de donaciones familiares y recursos propios, pero no que haya pagado los 215.000 euros del reparo notarial.

-Juan Cano: Alcalde de Polop de la Marina. Recientemente fue detenido como implicado en el asesinato de su antecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda. Sin embargo, las sospechas sobre su patrimonio vienen de lejos, concretamente desde 1995, cuando accedió al poder. Al actual precio de mercado, sólo a su nombre y el de su mujer tendrían bienes por valor de 1,3 millones de euros. Un piso, el chalé donde viven (valorado en casi un millón de euros), un garaje, cuatro locales comerciales y el 25% de cuatro parcelas tasadas en 600.000 euros conforman el patrimonio personal, al margen del que atesoran las cuatro empresas que manejan. Cano mantiene hipotecas por un importe total de 585.000 euros, todas en la CAM. Su salario neto en el Consistorio apenas llega para pagar las cuotas de estos préstamos. Desde el año pasado, la Guardia Civil ha estado investigando los movimientos de las empresas. En ocho informes de la Agencia Tributaria se reflejan todas las operaciones dinerarias e inmobiliarias efectuadas, que descubren ingresos idénticos de 223.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007 (cuando no era concejal) procedentes de una de las empresas urbanizadoras con intereses en el municipio. Cano fue el artífice de la homologación del Plan General de Polop, aprobado en 2003, que contemplaba 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros para construir casi 10.000 viviendas. En 2005, él y el entonces concejal de Turismo, Jaime Narbó, obtuvieron importantes plusvalías con la venta a una empresa de suelo urbanizable en uno de los sectores. Narbó sacó 480.000 euros por una parcela que le costó menos de 10.000 y Cano 290.000 por la compra de un suelo que un año antes le había vendido el mismo Narbó por 7.500 euros.

-Pedro Ángel Hernández Mateo: Alcalde de Torrevieja. En su círculo de amistades personales presume de que su profesión es "comisionista", es decir, que gana dinero con la compra y venta de bienes. Posee fincas en San Miguel y Los Montesinos. Empezó a ser investigado por la venta de unos terrenos en Almoradí, con los que ganó 5,2 millones. Hernández Mateo compró en el año 2000 una finca en Almoradí de unas 18 hectáreas por 180.000 euros a un promotor al que antes le había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Dos años más tarde el alcalde vendió este terreno por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó esta compraventa con la promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio antes, durante y después de la operación. Durante la instrucción judicial se desveló que el alcalde ingresó 432.000 euros, además de su sueldo público, entre enero de 2000 y febrero de 2005. Los extractos bancarios incluyen, al menos, una docena de apuntes (ingresos y gastos) entre los 36.000 y 42.000 euros. Según el Tribunal Superior de Justicia, todo son meras conjeturas.

-Carlos Fabra: Presidente de la Diputación de Castellón. En 1999 Carlos Fabra tenía cinco parcelas en la urbanización La Coma, en Borriol, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en Forcall. Según la documentación, el valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 euros. En 2004, según la misma documentación, el valor de sus bienes ascendía a más de 600.000 euros repartidos entre una vivienda en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, en Castellón. Fabra niega haber registrado un incremento patrimonial. A parte de eso, Fabra no ha explicado aún el ingreso de 600.000 euros que durante 1999 registraron las cuentas que estaban a su nombre y el de su mujer.

-Francisco Martínez: Vicepresidente de la Diputación de Castellón. Llegó a la alcaldía de la Vall d'Alba en 1991. Poco más de diez años después era titular de más de 15 propiedades en el municipio. De ellas, un total de 12 le fueron entregadas como donación por particulares. Entre los bienes que componen su patrimonio, 225.000 metros cuadrados de suelo le ha salido gratis. Sus padres le donaron 45.000 metros mientras que el resto procede de particulares. Martínez justificó la acumulación de patrimonio apelando a que todas las son "legales y están declaradas" y aseguró que algunas de ellas procedían de familiares. La inscripción de estas donaciones precisó de la aplicación de un artículo de Ley Hipotecaria que permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad". Con este método se alzó con diez propiedades de las que dos funcionarios del mismo ayuntamiento de la Vall d'Alba acreditaron, en todas las ocasiones, que los donantes eran titulares del suelo.