lunes, 7 de diciembre de 2009

Otra entrada más sobre Gürtel

Empezamos con Ricardo Costa, a quien la dirección nacional del PP está sopesando devolverle el carné de militante. La única condición es que Camps no le nombre conseller, como el presidente valenciano quería (y el propio Costa también).
Mientras, Juan Costa, el hermano de Ricardo, no pierde oportunidad para defender el honor de su hermano y el de la familia (porque en realidad, lo que está en juego, es el honor de la familia Costa). Asegura que la militancia de su hermano está "injustificada" y que "Camps también debería asumir responsabilidades por el caso Gürtel".
Por cierto, como curiosidad, Juan Costa se ha unido a otros ilustres del ala radical de la derecha para criticar a Mariano Rajoy. Así, Costa se une a Eduardo Zaplana, Vicente Martínez-Pujalte, María San Gil y José Antonio Ortega Lara, entre otros.
Por su parte, la Justicia valenciana parece que empieza a ponerse las pilas. A raíz de la querella presentada por el PSPV, el TSJV podría investigar la posible financiación ilegal del PP valenciano. Para ello, está empezando a tener en cuenta el informe policial que en su día ignoró, así como pidiendo información al TSJM y a Les Corts.
Lo que parece que está claro es que Juan Luis de la Rúa no volverá a dirigir el TSJV. El CGPJ lo ha excluido de la terna de candidatos y ni siquiera ha recibido el apoyo de los jueces conservadores. ¿Le habrá pasado factura su más que amistad con Camps?
El candidato con más posibilidades para sustituirle es el conservador Pedro Castellano, actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, aunque necesita el apoyo de al menos cuatro vocales progresistas, y estos no parecen dispuestos a aceptar su candidatura.
Por otro lado, se ha abierto otra rama bastante extraña. ¿Podría haber una relación entre el asesinato del alcalde de Polop de la Marina en 2007 (y cuyo sustituto al frente del ayuntamiento ha sido detenido) y una de las tramas urbanísticas relacionadas con Gürtel? Juan Cano, sucesor de Alejandro Ponsoda, el alcalde asesinado, al parecer, compró terrenos en La Nucia (Alicante). La Nucia es uno de los focos de investigación en la trama Gürtel por las operaciones inmobiliarias que los corruptos realizaban en esta localidad.
De hecho, con respecto a La Nucia, también hay novedades. Una de las actuaciones más comprometidas del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, fue la compra de dos pisos de lujo que pagó en metálico. Pero no es el único miembro de la familia que adquirió viviendas en el mismo bloque: su madre también se hizo con un piso en el mismo edificio, en el que también tienen varios inmuebles los constructores Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Los dos constructores ayudaron a Francisco Correa a conseguir un pelotazo urbanístico en el municipio, y eran los propietarios del restaurante en el que la trama agasajaba con fiestas privadas a los políticos. Ni el alcalde ni su madre han podido justificar los pagos de estas viviendas. En su día, Cano aseguró que parte del dinero que destinó a las casas se lo había donado su madre. Sin embargo, las compras se hicieron en el mismo periodo de tiempo y Cano no ha podido documentar ante notario 215.302 euros de los 823.000 que supuestamente pagó por los dos pisos en el bloque. Ya se sabe, familia que trapichea unida...
En cualquier caso, lo que está claro es que en el PP, culpables o no, se defienden mutuamente. El último en ser defendido es Carlos Fabra, el rey de las imputaciones, el caul, según Antonio Clemente, secretario general del PP valenciano, cumple el código ético del partido "porque ni se ha demostrado ni se demostrará" que haya cometido irregularidades. Si Fabra es un ejemplo ético, no quiero ni imaginar al que no sea ese ejemplo.

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