La corrupta Comunidad Valenciana

No son ni uno, ni dos, ni tres; son veintidós los alcaldes y ex alcaldes de municipios de la Comunidad Valenciana que, actualmente, se enfrentan a acusaciones por delitos urbanísticos, prevaricación, falsedad documental y otros tantos delitos de corrupción. Y la lista sólo hace referencia a los que actualmente se enfrentan a esos casos, porque se podría hablar de otros tantos que también han declarado ante la Justicia por acusaciones similares y cuyos casos ya han sido cerrados (como, por ejemplo, Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante) y algunos condenados (Manuel Vilanova, ex alcalde de Vila-Real, condenado a pesar de que el PP sigue protegiéndolo). La lista se compone de los siguientes personajes:

-Dénia: Paqui Viciano (PSPV) está imputada por tres asuntos, mientras que Ana Kringe (PP) está imputada por dos asuntos. Viciano gobernaba en Dénia hasta la moción de censura presentada por el PP que la desalojó del poder, gracias a los votos del PP, el PSD (se hacen llamar Partido Social Demócrata, pero sólo son una sucursal más del PP con el objeto de debilitar más aún al PSPV), los independientes Centre Unificat y Gent de Dénia y el tránsfuga socialista Juan Collado.
Paqui Viciano, junto al ex edil socialista Juli Martínez y al ex gerente de Urbanismo Joan Frasés están imputados por presunta prevaricación por la venta de un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora. Los terrenos se enajenaron con todos los informes económicos y jurídicos favorables y con el voto de todos los miembros de la junta de Gobierno, en la que estaba también el actual tránsfuga Juan Collado. La ex alcaldesa ha resultado además imputada, junto a Pau Reig y Manolo Amat, del Bloc, por haber visitado las obras del nuevo trinquete en campaña electoral, días después de que la Junta Electoral prohibiera poner la primera piedra; y también, junto a las concejalas socialistas Vicenta Bixquert y María José Lorenzo, y la técnico Silvia Blanco, por no constar en la contabilidad municipal los 11.600 euros recaudados entre 2004 y 2008 por los carnés de juventud.
Ana Kringe, por su parte, está imputada por presunta prevaricación por haber ejercido durante un año (hasta la moción de censura) el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria. Y está imputada también por prevaricación por haber despedido al ex gerente de Urbanismo, Joan Frasés, pese a que éste ocupaba plaza de funcionario. El tema de los funcionarios, en el ayuntamiento de Dénia, parece que es un chollo.

-Benitatxel: El ex alcalde Juan Cardona, del Partido Independiente Democrático (formado por residentes extrnjeros) está imputado por cohecho al supuestamente pedir a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil, de origen autriaco, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada de cohecho.

-Pego: Imputado el alcalde Carmelo Ortolà (del partido Ciutadans per Pego), y todo su equipo de Gobierno (formado por miembros de Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación.

-Vall de Laguar: El alcade del PSPV, Juan José Puchol, está acusado de falsedad documental al, supuestamente, cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad. Su juicio fue aplazado hace unas semanas después de que se extraviase una importante prueba.

-Xàbia: Eduardo Monfort, del Bloc-Centristes y su antecesor en el cargo, Juan Moragues (PP) están imputados por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la ampliación de un hotel y luego dar licencia de actividad cuando los nuevos módulos se vendieron como viviendas independientes.

-Calpe: Juan Roselló (PP), quien también es diputado provincial, era concejal de Aguas y consejero de la empresa mixta Aguas de Calpe cuando se contrataron las obras de renovación de la red a la empresa de su cuñado, dedicada originariamente al buzoneo. Las obras, además, generaron un sobrecoste de 1,1 millones de euros.

-Oropesa: Rafael Abert (PP) cargas con dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Uno tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable en un mandato anterior al suyo. Para ello, el equipo de Albert convocó un pleno con la pretensión de recalificar el suelo. Finalemtne, la recalificación no se llevó a cabo por no justificarse la urgencia del pleno.
La otra imputación (por la que declaró en abril de 2008) se debe a una posible aprobación de la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà. Presuntamente se habría vendido a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros.
Ambas causas están en los Juzgados de Intrucción Nº3 y 4 de Castellón.

-Moncofa: Jose Vicente Isach, del PSPV, se enfrenta a un presunto delito de prevaricación por presuntamente otorgar licencia de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Por esta causa declaró en el Juzgado de Intrucción Nº3 de Nules en agosto de 2007.
También está imputado por la presunta venta irregular de suelo municipal al venderlo a un precio inferior por debajo del precio de mercado a una empresa, todo ello en el PAI Belcaire Sur, paralizado por el TSJ. Isach aún tiene pendiente declarar por esta causa tras dos aplazamientos.

-Burriana: A día de hoy sólo un concejal, el responsable de Fiestas, se encuentra imputado en estos momentos por un presunto delito de prevaricación por la presunta condonación del pago de los enganches de la grúa municipal a amigos y familiares. Mención especial merecen las imputaciones del ex alcalde y actual senador por el PP, Alfonso Ferrada y dos de los ediles de su equipo, que todavía lo siguen siendo con Calpe. El primero lo fue por su intervención en el polémico PAI Pedrera Port mientras que sus concejales por otras acusaciones distintas. La causa fue archivada de forma provisional, aunque se está esperando la decisión del juez al respecto de si se reabre o no parte o la totalidad de la investigación. Además, Ferrada es actualmente senador.

-Xivert: El alcalde, Francisco Juan Mars (PP), también diputado provincial, y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, están imputados en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.

-L'Alcora: Su alcalde, Javier Peris (PSPV), tiene dos imputaciones: una investigación por la presunta venta a bajo precio de un terreno a una empresa en el PAI Camí Santa, en la que el alcalde está imputado y una segunda investigación (en la que están imputados tanto Peris como dos de sus tenientes alcaldes) por la presuntas irregularidades en la adjudicación a una empresa de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana.

-Zarra: Juan José Rubio, de AEZ (Agrupción de Electores de Zarra), presuntamente autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos. El alcalde dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de estas licencias se otorgaron a la empresa de su hijo. Las acusaciones son de prevaricación urbanística, delito contra la ordenación del territorio, actividad prohibida a autoridades y funcionarios públicos, fraude funcionarial y estafa. El alcalde sigue en libertad tras pagar una fianza de 18.000 euros y no ha dimitido. Anteriormente, el mismo Rubio había sido alcalde de este pueblo por el PSPV, pero fue expulsado del partido después de haberse descubierto chanchullos parecidos, por lo que se presentó a las últimas elecciones en el partido inpdependiente AEZ.

-Alzira: Elena Bastidas (PP), presidenta también de la Federación Valenciana de Municipios y Provicnias, está imputada por un presunto delito contra el medio ambiente a raíz de unos vertidos de aguas residuales sin depurar en el río Júcar entre los años 2004 y 2006.

-Cullera: Ernesto Sanjuán (PP) deberá declarar en el Juzgado de Istrucción Nº3 de Sueca después de permitir que varios locales de coio permanecieran abiertos en cuatro calles declaradas ZAS (Zona Acústicamente Saturada) en 2006. La querella fue presentada por los vecinos de las calles afectadas.

-Benimodo: José Luis Sanchís (PSPV) declaró como imputado el pasado mes de noviembre dentro del proceso abierto por el Juzgado de Instrucción Nº1 de Carlet tras una denuncia del fiscal.

-Tous: Cristobal García (PP) está inmerso en un procedimiento penal abierto por el juzgado después de que la Fiscalía apreciara indicios de delito por negarse a ceder a los socialistas un local municipal para que la plataforma antivertedero celebrase una asamblea informativa.

-Montserrat: Josep María Mas (del partido Gent d'Esquerres) fue imputado por el Juzgado de Instrucción Nº1 de Picassent por un presunto delito de prevaricación continuada. Mas dimitió hace unos meses como concejal después de la sentencia de la Audiencia de Valencia que le inhabilitó por siete años por dar una licencia para reformar una nave industrial situada en terreno rústico.

-Massalavés: El ex alcalde Vicente Villalba (PP) prestó declaración el pasado septiembre en el Juzgado Nº2 de Alzira como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y de concesión de licencias ilegales en relación con la ampliación de una industria en suelo urbanizable.

-Riba-Roja: En abril de 2007 el Juzgado de Llíria decretaba el archivo provisional de la querella contra el alcalde Francisco Tarazona y otros dos ediles del PP, por varios delitos relacionados con el urbanismo (algunos de ellos tenían que ver con el PAI de Porxinos, relacionado con la ciudad deportiva del Valencia CF), al estimar que no existen indicios en ninguno de los delitos imputados. Tarazona también fue imputado por un delito de cohecho tras la denuncia de un constructor que le acusó de exigirle ocho millones de euros para aprobarle varios proyectos y que fue archivada por el juez.

-Olocau: También el Juzgado sobreseyó esta causa contra el ex alcalde José Agustí (PSPV), imputado por por tramitar un PAI para construir alrededor de 12.000 viviendas en una zona que incluía varios terrenos de su propiedad. El proyecto, finalmente, no había visto la luz.

-Alpuente: Amparo Rodríguez (PP) fue absuelta de un delito contra el medio ambiente por unos vertidos de aguas residuales.

-Sagunto: La Fiscalía ha trasladado a los juzgados de Sagunto su informe en el que advierte de que existen indicios de prevaricación en una actuación de Alfredo Castelló (PP). El dictamen tiene su origen en la denuncia realizada ante este organismo por el actual Intendente Jefe de la Policía Local, Rafael de Manuel, que advertía sobre la posible paralización en la alcaldía de todas sus propuestas de expedientes disciplinarios dirigidos contra el Inspector Juan Ramón Arnal, antecesor en el cargo y destacado militante del PP de Sagunto. También la ex alcaldesa de Sagunto, Gloria Calero (PSPV), fue acusada hace unos meses ante la Fiscalía de un posible delito de prevaricación al falsear un informe para beneficiar a la empresa Fertiberia en sus trámites de ampliación, en contra del resto de informes municipales. Sin embargo, el Fiscal archivó recientemente la denuncia.