Cuando la represión periodística no está en Venezuela

(Jesús Cintora, último ejemplo de la represión periodística en España.)

Comentaba hace unos días que muchos en España ven los males en Venezuela sin ver los que pasan en España. Con la represión periodística pasa lo mismo. Muchos hablan de que en Venezuela no hay libertad de expresión, que allí no se renueva la licencia de las cadenas críticas, que se despide a periodistas igualmente críticos. Pero antes de querer salvar a los venezolanos deberíamos mirar, una vez más, lo que sucede en nuestro país. Porque si tildamos a Venezuela de dictadura, España no se queda muy lejos.
No habían pasado ni 24 horas de la aprobación de la Ley Mordaza cuando el periodista Jesús Cintora, presentador de Las mañanas de Cuatro, era despedido. Según la cadena, se habían recibido presiones políticas. Se le acusaba de ser demasiado parcial y dar demasiadas veces su opinión. El despido ha causado un gran revuelo en las redes sociales, que han llamado al boicot contra Mediaset y contra los productos que se anuncian en la cadena. De hecho, desde el despido de Cintora, Las mañanas de Cuatro está bajando en los índices de audiencia.
El de Cintora no es el único caso desde que Rajoy comenzó la legislatura. Sonada fue la salida de Pedro J como director de El Mundo. Y el diario El País lleva tiempo acercándose cada vez más al PP de Rajoy y Santamaría. Carlos E Cué, periodista de El País y especializado en el PP, era relevado y enviado como corresponsal a Argentina.
El caso más sangrante es el de Televisión Española (TVE), la televisión pública. Rajoy heredó una televisión pública que tenía bastante calidad (reconocida internacionalmente incluso por encima del paradigma de televisión pública, la BBC inglesa). Periodistas y programación de calidad que poco a poco el Gobierno de Rajoy fue dinamitando hasta la situación a la que llegamos hoy: una televisión pública sin calidad ni pluralidad, en la que la crítica está vetada y en la que los periodistas han sido sustituidos por afines que no hacen más que repetir las órdenes que llegan desde la calle Génova. El último caso ha sido la destitución de seis corresponsales, algunos de reconocido prestigio. Entre estos corresponsales está Yolanda Álvarez, corresponsal en Oriente Próximo y a la cual Israel había acusado de ser "la correa de transmisión de los mensajes de Hamás". Incluso un diputado del PP, Agustín Conde, del PP de Toledo, celebró la noticia.

No debe extrañarnos que esto sea motivo de celebración para un diputado manchego. Cospedal también anda haciendo lo mismo con la televisión autonómica de su región. Tanto Rajoy como Cospedal solo siguen el ejemplo de Telemadrid y Canal 9 (esta última liquidada por Alberto Fabra, lo que paradójicamente puede convertirse en su tumba electoral). Las televisiones públicas autonómicas han sido un buen conejillo de Indias. En la Comunidad Valenciana a prohibieron las emisiones de la televisión pública catalana, algo que recientemente ha reeditado el Gobierno balear, también del PP.

Estamos en año electoral y vemos como el Gobierno de Rajoy, frente al espejo de su debacle y de la debacle del bipartidismo, quiere atar todo y dejarlo bien atado. Y eso implica aprobar Leyes Mordaza y hostigar a periodistas críticos. Y no, no estamos en Venezuela; estamos en España, donde no podemos dar muchas lecciones de libertad de expresión. Claro que, para el PP, un partido creado por un ministro franquista y que lleva alojado el gen franquista en un ADN, pluralidad e imparcialidad periodística debe ser la que practican en Telemadrid o 13TV.