Más corrupción en Valencia

Por si no tuviéramos bastante corrupción ya, estallan nuevos casos.

Esta mañana, la policía detenía al director general de Integración y Cooperación de la consellería de Justicia y Bienestar Social, Josep Maria Felip, acusado de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de fondos públicos. También se ha imputado a Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad. El caso ya estaba siendo investigado desde 2010. Desde entonces, algunos políticos de la Oposición y periodistas sacaron a la luz algunos flecos, pero inmediatamente fueron tachados de mentirosos.
Este nuevo caso de corrupción comenzó en 2008. Por aquel entonces, la consellería de Solidaridad y Ciudadanía concedió una serie de subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales para proyectos de desarrollo en Nicaragua (concretamente, para abastecer y tratar el agua para consumo humano, y para producir alimentos). Sin embargo, tal como denunció entonces Clara Tirado, del PSPV, el dinero, unos dos millones de euros, acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles por la ciudad de Valencia. Mientras se investigaban estas irregularidades, la diputada de Compromís Mireia Mollá denunció, a su vez, que la consellería también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos (que ahora se llama Hemisferio), la cual se gastó el dinero que recibía para proyectos solidarios en la creación de otras empresas. Varias personas vinculadas a estas ONGs también han sido detenidas por este caso.
Alberto Fabra ha destituido casi inmediatamente a Felip y a Catalá. No ha sido tan fulminante con Rafael Blasco, actual portavoz del PP en Les Corts, quien en la época en la que se desarrolló este caso, era el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, es decir, la persona que concedió las subvenciones.

Por otro lado, la Fiscalía ha denunciado a José Manuel Haro, actual alcalde de Chiva. Se investiga el intento de retirar el acta a un edil mediante una falsa carta de renuncia que el alcalde obligó al concejal a firmar. Sería un delito de prevaricación. Los hechos tienen su origen cuando Haro intentó privar de su condición de concejal a Casanova, quien se había presentado a las elecciones como independiente. Haro había convocado un pleno extraordinario el pasado mes de septiembre, mientras Casanova realizaba un viaje oficial a Aranda de Duero, representando al ayuntamiento de Chiva, por petición del propio alcalde. En ese pleno, Haro presentó una carta de renuncia de Casanova que le había obligado a firmar como condición para ser incluido en la lista municipal del PP de Chiva. Una renuncia que Casanova niega y que ha provocado que la Junta Electoral Central rechazase, el pasado octubre, la maniobra del alcalde y se negase a expedir una nueva acta de concejal al siguiente candidato de la lista del PP, como pretendía Haro. Ahora, la Fiscalía considera que pudo cometer prevaricación, es decir, haber dictado una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad. Podría enfrentarse a una pena de inhabilitación de entre siete y diez años.

(Josep Maria Felip, exdirector general de Integración y Cooperación.)

(Alexandre Catalá, exsubsecretario de Sanidad.)

(José Manuel Haro, alcalde de Chiva.)

Actualización (24/02/2012 - 5:37): Un juez de Andorra, que está investigando una trama española de evasión de impuestos, se ha topado con varios de los imputados del caso EMARSA. Los investigados por este juez son: Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia; Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Pinedo; Enrique Arnal, exdirector financiero; Jorge Ignacio Roca, empresario en busca y captura; María Aladren, esposa de Jorge Ignacio Roca (ambos están desaparecidos con sus dos hijos pequeños); Juan Carlos Gimeno; José Luis Sena; y su socio. Otras cuatro personas vinculadas al caso EMARSA también están siendo investigadas por este juez de Andorra, aunque sus nombres no han trascendido.