La Fiscalía está investigando el empadronamiento irregular de hasta 148 personas en 2007 y 2009 en la localidad de La Vall d'Alba (Castellón). El alcalde de dicha localidad es Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón, gobernada por Carlos Fabra.
Este más de centenar de personas provienen, en su mayoría, de países de Europa del Este, principalmente de Rumanía, y fueron empadronados en domicilios de miembros del PP, de sus familiares o de su entorno laboral. Así, En un piso propiedad del alcalde están empadronados hasta siete rumanos y un español de los que no se encuentran rastros. La madre de un concejal del PP tiene tres rumanos empadronados en su casa, pero ella asegura que no viven allí. Otra ex concejal del PP, Pilar Traver, tiene una masía de su propiedad que se encuentra deshabitada y dice utilizar como almacén, pero el ayuntamiento tiene empadronados allí a siete rumanos. La ex edil insiste en que está vacía y denuncia que el empadronamiento se ha producido sin su consentimiento. El resto de los casos es similar.
El secretario municipal, José Luis Martínez Arenas, que también figura como empadronado en el ayuntamiento aunque en el pueblo dicen que vive en Castellón, ha tenido que declarar por las presuntas irregularidades junto al funcionario responsable del censo. Para Martínez Arenas, la explicación es evidente: "Los rumanos se marchan de repente, dejándolo todo, y no hay manera de saber donde viven".
Aún así, parece que en el PP saben localizarlos, tanto para culparlos de cometer delitos (PP de Cataluña), como para aprovecharse de ellos (PP de Castellón).
Y por cierto, después de La Vall d'Alba podrían investigar casos similares en el resto de Castellón.
martes, 22 de febrero de 2011
Los rumanos que sí interesan al PP
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