Feria Valencia

Recientemente, Feria Valencia reconoció pérdidas de 2,7 millones de euros y presentó un ERE, con la intencion de recuperarse de dichas pérdidas. Pero las pérdidas de Feria Valencia no se deben a que su actividad sea muy costosa, sino a que está ligada a un nuevo caso de corrupción en Valencia.
La empresa madrileña Golberry & Bombadil (G&B) asesora desde junio de 2009 a Feria Valencia en márketing y comunicación. Lo curioso es que esta empresa fue contratada tan sólo nueve días después de que fuera constituida. El administrador único de esta empresa, que responde a las iniciales D C G, es también administrador de Sintec, otra empresa vinculada a Feria Valencia. Sintec fue fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad del recinto ferial por 196.000 euros sin IVA. Ese mismo día, el tal D C G y el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, firmaban los acuerdos que ligaban a ambas empresas con Feria Valencia.
D C G se convirtió gracias a estos contratos en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. C O (responsable del márketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad) aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro de la investigación del caso Gürtel.

Según dicho informe, a C O se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad B de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Incluso se dice que C O habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market.
La consultora madrileña que asesora a Feria Valencia cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.
Ex trabajadores de Feria Valencia presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que criticaban los derroches de la institución, que, como ya he señalado antes, ha iniciado un ERE.
En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".
El de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (o repercusión en internet); y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.
El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las pérdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales.