A pesar de que, según la Fiscalía, no hay pruebas contra aforados del PP en la operación Gürtel (u operación Cacería, como la han rebautizado, en un afán informador, los secuaces de Jiménez Losantos), son muchos los que siguen apuntando a Madrid y Valencia. Sin embargo, en Canal 9 siguen guardando silencio a este respecto (eso sí, de Alcaucín nos informan bastante bien y de forma detallada). Generosamente, vuelvo a comentar algunos puntos de esta trama de corrupción, en su parte valenciana, con la esperanza de que alguien de Canal 9 lo lea y decida que vale la pena informar de ello (o, al menos, plantearse ciertas preguntas).
1. Los chanchullos entre Camps y El Bigotes: Álvaro Pérez era presidente de Orange Market cuando en 2004 el Gobierno de Camps le adjudicó a su empresa, totalmente a dedo, una campaña 138.678 euros. Otras dos empresas competían en la adjudicación, pero curiosamente, todas eran gestionadas por Luis De Miguel, implicado en la trama también. La adjudicación se hizo a través de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (VAERSA), dependiente de la Consellería de Territorio, que entonces gestionaba Rafael Blasco. Las otras dos empresas que pugnaban por la adjudicación eran Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting, ambas implicadas en la operación Gürtel. Curiosamente, de las tres empresas, Luis de Miguel era administrador único. Por supuesto, la adjudicación se hizo saltándose los principios de publicidad y concurrencia de ofertas de la propia Ley de Contratos de la Administración Pública.
2. Si me critican, a mí plim: En 2006 y 2007 comenzaron las primeras denuncias por las adjudicaciones a dedo del Gobierno de Camps o la contratación a dedo de los empleados, que se hacía sin publicidad y sin garantizar los principios básicos de igualdad, de mérito o de competencia. Tampoco había ningún informe que recogiese porque se debía elegir a un candidato y no otro. Las auditorías internas, realizadas por la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana, así lo atestiguaban. Antes de estas primeras denuncias, cuatro de cada diez adjudicaciones se hacían a dedo. Después, fueron nueve de cada diez.
3. Feria Valencia y Orange Market: Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia en 2006. En 2008 se encargaron de la promoción de Hábitat. Curiosamente, tres meses antes del certamen, Carlos Vargas, director general de Feria Valencia, comunicó a los organizadores que Orange Market llevaría la publicidad. La campaña fue impuesta (ni siquera se pudo discutir, a pesar de que a pocos gustó) y Orange Market engrosó sus arcas con 800.000 euros más.
4. Abogados que tampoco se libran: Elius Abogados, bufete donde trabaja José María Michavila (ex ministro de Justicia con Aznar) cobró 130.000 euros por asesorar a Mediamed, la empresa de comunicaciones de Ulibarri, otro de los implicados y, que en la Comunidad Valenciana, se llevó 13 licencias de TDT. Desde luego, parece que el dinero fue bien invertido. Recordemos que, aparte de controlar la TDT y el Tele 7, Ulibarri también controla la Televisión Municipal de Valencia (TMV), dependiente del ayuntamiento de Valencia y que ya ha tenido sus escándalos.
5. Reuniones secretas: Francisco Camps y Fernando de Rosa (vicepresidente del CGPJ y ex conseller de Justicia en Valencia) se reunieron varias veces después de destaparse la operación Gürtel. Las reuniones fueron secretas y han sido sistemáticamente negadas. Después se dijo que eran reuniones personales. Hay que tener en cuenta que De Rosa no puede, por ley, asesorar a Camps. Pero aquí nadie pidió la dimisión de nadie. Eso sí, que Bermejo dimita.
6. El sastre de Camps: Recordemos que una de las razones por las que saltó el nombre de Camps a la lista de implicados en la operación Gürtel era porque era nombrado en una de las grabaciones por unas facturas de trajes. J T, el sastre de Camps, fue llamado a declarar por Garzón y, mientras éste declaraba, Camps le llamó ocho veces al móvil (que tenía en ese momento apagado y estaba intervenido por orden judicial). No es delito telefonear a un sastre, desde luego, pero la insistencia denota que Camps estaba nervioso por algo. ¿Tal vez por lo que tuviera que decir sobre él o sus trajes?
7. Gabinete de crisis: Tras conocerse su implicación en la trama, Camps reunió un "gabinete de crisis". Se celebró en una casa del centro de Valencia, propiedad de Fernando de Rosa y hasta allí se acercaron el propio De Rosa, José María Michavila, Rita Barberá, Ricardo Costa (secretario general del PP regional y portavoz en Les Corts) y Vicente Rambla (vicepresidente valenciano). Además, en el mismo edificio, "casualmente", vive Carmen de Rosa, jefa de Residuos y Medio Ambiente de la Generalitat. Eso sí, Barberá negó la mayor: "No soy consciente de una reunión como tal entendida".
8. Alfonso Rus al rescate: Alfonso Rus (del que hablaremos otro día), presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y líder del PP valenciano, es uno de los que más energías gasta en proteger a Camps de los "sinvergüenzas" que "le persiguen". Según él, todo se debe a una "injusticia inmoral". Por ello, estuvo a punto de convocar una "manifestación" en las "calles" (luego se rebajó y se limitó a un acto de militantes en apoyo al presidente valenciano). Una lástima. Me hubiera gustado ver a los valencianos hundir un poco más su dignidad en una manifestación en apoyo a Camps, una manifestación que, no me cabe duda, la hubiéramos pagado todos los valencianos y valencianas con dinero público.
9. Castellón también tiene su trozo de pastel: Jose Marí Olano fue llamado a declarar por una Comisión de Investigación creada por el ayuntamiento de Xilxes (Castellón), que investiga sobre la tramitación de un PAI de golf. En el proyecto participa Ulibarri. No es el único punto de unión entre la operación Gürtel y Olano. Este diputado autonómico del PP valenciano (portavoz de Economía del PP en Les Corts y ex letrado de la Generalitat) trabaja también en el bufete de Michavila. Cuando se adjudicaron las TDTs, él era director del Gabinete Jurídico de la Genralitat. Sobre el asunto, Olano ha declarado: "No intervine personalmente, no sé si lo hizo el servicio jurídico porque no tengo en la cabeza los 4.000 asuntos que lleva la Generalitat, pero yo no intervine en el expediente". "No estoy sujeto a régimen de incompatibilidad, porque las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat no están reguladas".
10. Silencio sepulcral: Si le preguntas a cualquier miembro del Gobierno valenciano sobre los contratos con Orange Market, no se recibe respuesta (tal vez por eso no informa Canal 9, porque no les dan ninguna respuesta). La excusa oficial es que los informes son "secretos" (teniendo en cuenta que estamos hablando de dinero público...). Y por supuesto, el contraataque es la crisis (que no debe afectar a la Generalitat, porque las contrataciones, aparte de ser a dedo, siempre benefician a las ofertas más caras).
1. Los chanchullos entre Camps y El Bigotes: Álvaro Pérez era presidente de Orange Market cuando en 2004 el Gobierno de Camps le adjudicó a su empresa, totalmente a dedo, una campaña 138.678 euros. Otras dos empresas competían en la adjudicación, pero curiosamente, todas eran gestionadas por Luis De Miguel, implicado en la trama también. La adjudicación se hizo a través de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (VAERSA), dependiente de la Consellería de Territorio, que entonces gestionaba Rafael Blasco. Las otras dos empresas que pugnaban por la adjudicación eran Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting, ambas implicadas en la operación Gürtel. Curiosamente, de las tres empresas, Luis de Miguel era administrador único. Por supuesto, la adjudicación se hizo saltándose los principios de publicidad y concurrencia de ofertas de la propia Ley de Contratos de la Administración Pública.
2. Si me critican, a mí plim: En 2006 y 2007 comenzaron las primeras denuncias por las adjudicaciones a dedo del Gobierno de Camps o la contratación a dedo de los empleados, que se hacía sin publicidad y sin garantizar los principios básicos de igualdad, de mérito o de competencia. Tampoco había ningún informe que recogiese porque se debía elegir a un candidato y no otro. Las auditorías internas, realizadas por la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana, así lo atestiguaban. Antes de estas primeras denuncias, cuatro de cada diez adjudicaciones se hacían a dedo. Después, fueron nueve de cada diez.
3. Feria Valencia y Orange Market: Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia en 2006. En 2008 se encargaron de la promoción de Hábitat. Curiosamente, tres meses antes del certamen, Carlos Vargas, director general de Feria Valencia, comunicó a los organizadores que Orange Market llevaría la publicidad. La campaña fue impuesta (ni siquera se pudo discutir, a pesar de que a pocos gustó) y Orange Market engrosó sus arcas con 800.000 euros más.
4. Abogados que tampoco se libran: Elius Abogados, bufete donde trabaja José María Michavila (ex ministro de Justicia con Aznar) cobró 130.000 euros por asesorar a Mediamed, la empresa de comunicaciones de Ulibarri, otro de los implicados y, que en la Comunidad Valenciana, se llevó 13 licencias de TDT. Desde luego, parece que el dinero fue bien invertido. Recordemos que, aparte de controlar la TDT y el Tele 7, Ulibarri también controla la Televisión Municipal de Valencia (TMV), dependiente del ayuntamiento de Valencia y que ya ha tenido sus escándalos.
5. Reuniones secretas: Francisco Camps y Fernando de Rosa (vicepresidente del CGPJ y ex conseller de Justicia en Valencia) se reunieron varias veces después de destaparse la operación Gürtel. Las reuniones fueron secretas y han sido sistemáticamente negadas. Después se dijo que eran reuniones personales. Hay que tener en cuenta que De Rosa no puede, por ley, asesorar a Camps. Pero aquí nadie pidió la dimisión de nadie. Eso sí, que Bermejo dimita.
6. El sastre de Camps: Recordemos que una de las razones por las que saltó el nombre de Camps a la lista de implicados en la operación Gürtel era porque era nombrado en una de las grabaciones por unas facturas de trajes. J T, el sastre de Camps, fue llamado a declarar por Garzón y, mientras éste declaraba, Camps le llamó ocho veces al móvil (que tenía en ese momento apagado y estaba intervenido por orden judicial). No es delito telefonear a un sastre, desde luego, pero la insistencia denota que Camps estaba nervioso por algo. ¿Tal vez por lo que tuviera que decir sobre él o sus trajes?
7. Gabinete de crisis: Tras conocerse su implicación en la trama, Camps reunió un "gabinete de crisis". Se celebró en una casa del centro de Valencia, propiedad de Fernando de Rosa y hasta allí se acercaron el propio De Rosa, José María Michavila, Rita Barberá, Ricardo Costa (secretario general del PP regional y portavoz en Les Corts) y Vicente Rambla (vicepresidente valenciano). Además, en el mismo edificio, "casualmente", vive Carmen de Rosa, jefa de Residuos y Medio Ambiente de la Generalitat. Eso sí, Barberá negó la mayor: "No soy consciente de una reunión como tal entendida".
8. Alfonso Rus al rescate: Alfonso Rus (del que hablaremos otro día), presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Xàtiva y líder del PP valenciano, es uno de los que más energías gasta en proteger a Camps de los "sinvergüenzas" que "le persiguen". Según él, todo se debe a una "injusticia inmoral". Por ello, estuvo a punto de convocar una "manifestación" en las "calles" (luego se rebajó y se limitó a un acto de militantes en apoyo al presidente valenciano). Una lástima. Me hubiera gustado ver a los valencianos hundir un poco más su dignidad en una manifestación en apoyo a Camps, una manifestación que, no me cabe duda, la hubiéramos pagado todos los valencianos y valencianas con dinero público.
9. Castellón también tiene su trozo de pastel: Jose Marí Olano fue llamado a declarar por una Comisión de Investigación creada por el ayuntamiento de Xilxes (Castellón), que investiga sobre la tramitación de un PAI de golf. En el proyecto participa Ulibarri. No es el único punto de unión entre la operación Gürtel y Olano. Este diputado autonómico del PP valenciano (portavoz de Economía del PP en Les Corts y ex letrado de la Generalitat) trabaja también en el bufete de Michavila. Cuando se adjudicaron las TDTs, él era director del Gabinete Jurídico de la Genralitat. Sobre el asunto, Olano ha declarado: "No intervine personalmente, no sé si lo hizo el servicio jurídico porque no tengo en la cabeza los 4.000 asuntos que lleva la Generalitat, pero yo no intervine en el expediente". "No estoy sujeto a régimen de incompatibilidad, porque las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat no están reguladas".
10. Silencio sepulcral: Si le preguntas a cualquier miembro del Gobierno valenciano sobre los contratos con Orange Market, no se recibe respuesta (tal vez por eso no informa Canal 9, porque no les dan ninguna respuesta). La excusa oficial es que los informes son "secretos" (teniendo en cuenta que estamos hablando de dinero público...). Y por supuesto, el contraataque es la crisis (que no debe afectar a la Generalitat, porque las contrataciones, aparte de ser a dedo, siempre benefician a las ofertas más caras).
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2 comentarios:
Ehm... que siento preguntarte en este post por lo de lo anterior pero que va en serio, que no sé qué es la masonería...
La verdad es que el tema es complejo. Yo mismo llevo años indagando y he encontrado poca información relevante. En cualquier caso, te dejo un enlace en el que puedes encontrar bastante información mejor explicada de la que te pueda dar yo:
http://www.masoneria.es/
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