La Generalitat mata

Cuando alguien muere por inacción de los que pueden ayudarle, se habla de homicidio. Cuando un dependiente valenciano pide las ayudas que por la Ley de Dependencia le corresponden, siempre recibe la respuesta de que no se pueden tramitar (generalmente por fallos informáticos). Ergo, la Generalitat valenciana, al negarse a tramitar las ayudas, debería ser imputada por homicidio.
Hace un par de días aparecía una de esas noticias que Canal 9 nunca pondrá en la portada de sus informativos (aunque quizá la manipulen para que la culpa sea de Zapatero): 63 dependientes de cuatro localidades de Alicante han muerto han muerto a la espera de ayudas. Las cifras son más espeluznantes: 16.697 dependientes están a la espera de recibir las ayudas que les corresponden por ley. En la zona donde han fallecido estas 63 personas, de un total de 691 solicitantes, sólo 19 han sido valorados, pero ninguno ha recibido las ayudas. Las cuatro localidades alicantinas que se reparten este cupo de muertos (no son los primeros ni serán los últimos) son Mutxamel, Xixona, Tibi y Aigües. Pero podrían ser cualquiera de las localidades de la Comunidad Valenciana, porque a lo único que se está dedicando el PP valenciano es a boicotear otra ley del Gobierno central simplemente porque es una "ley socialista". Quizá, como una broma macabra, estas 63 personas reciban las ayudas ahora que están muertas. No serían las primeras, tampoco.
Es vergonzoso lo que sucede aquí. Por eso, asistentes sociales, familiares, cuidadores y dependientes han decidido crear la Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència para protestar y denunciar lo que está pasando en Valencia en relación a la inaplicación de esta ley.