Los otros responsables del silencio sobre el accidente del metro

Desde la emisión del programa Salvados que Jordi Évole le dedicó a las víctimas del metro, hay un personaje que ha saltado a todas las portadas como uno de los máximos exponentes del silencio que el Gobierno valenciano tejió alrededor del caso. Y es que, tal y como quedó acreditado en esa emisión, el actual presidente de Les Corts intentó sobornar a los familiares de los afectados por la tragedia. Pero detrás de Cotino, y otros miembros del Gobierno valenciano y de la empresa que gestiona el metro, hay otros responsables sobre los que no se está poniendo la vista.

Noé Gutiérrez, que se encargaba de la asesoría jurídica de FGV en el momento del accidente, es quien dio presuntamente las instrucciones oportunas para “hablar” con las víctimas. Tras el accidente y la gestión del mismo, Noé Gutiérrez sería ascendido. Además, hace un tiempo, Francesc Signes, portavoz socialista, destacó el caso de la mujer de Noé Gutiérrez, la cual fue contratada por la empresa sin oposición oficial el 1 de febrero de 2004, aunque en la documentación oficial de FGV figura como contratada desde el 1 de octubre de 1989, lo que supondría una teórica manipulación de antigüedad. Curiosamente, los diferentes secretarios regionales del PP en la Comunidad Valenciana han mantenido la estructura de FGV tal cual, siendo Serafín Castellano y Antonio Clemente, miembros de la comisión de investigación por parte del PP y el asesor jurídico, como antes he comentado, Noé Gutiérrez. Tras la dimisión-cese de Marisa Gracia y de Dionisio García, Noé Gutiérrez se ha visto ascendido en la empresa, a pesar de encontrarse la empresa en pleno ERE. El actual director gerente de la empresa, Pablo Cotino (nada que ver con Juan Cotino) ha depositado completamente su confianza en él. Lo que cabría preguntarse es a quién temen, o a quién protegen, los secretarios regionales del PP.

No hay que impedir que los árboles nos impidan ver el bosque. Cotino ha aparecido como la cara visible de las maniobras del Gobierno valenciano por callar a las víctimas y enterrar el caso. Pero el verdadero ideólogo de dichas maniobras no fue otro que, presuntamente, Castellano. ¿Por qué razón? Como ya he dicho antes, Castellano es secretario regional del partido. Esto le convierte en la figura con más autoridad por detrás del president. Así pues, se debía hacer algo para evitar que el accidente minara al Partido Popular. De paso, se hizo con el control de la empresa. Actualmente, Alberto Fabra no tiene a nadie de su confianza en FGV. La empresa está en control de Noé Gutiérrez y del sindicato UGT, que al igual que el resto de sindicatos, tiene su papel en el silencio caído sobre el accidente del metro. Cuando se produjo el accidente formaba parte del Consejo de Administración, representado por Antonio Coronado, con los sucesivos consellers (García-Anton, Mario Flores) y nuevamente fue ratificado por la actual Consellera Bonig como único representante sindical y sacando de dicho Consejo al representante del SIF y de CCOO, dejando fuera al SF-Intersindical (al que nunca han permitido estar), al SCF y al SEMAF; con lo cual toda la información privilegiada está en manos del Sindicato UGT que hace uso de la cláusula de silencio sobre las deliberaciones, no olvidemos que la información es poder.

En definitiva, ningún mando directivo ni intermedio ha dimitido a consecuencia del accidente. Ni siquiera Marisa Gracia, directora gerente de FGV hasta octubre de 2012. La razón de su dimisión fue el ERE que recae sobre la empresa, con el que ella no estaba de acuerdo. Un ERE, que por cierto, no ha servido para aligerar a la empresa de cargos directivos, como prometió la consellería.

Examinemos un punto curioso. El maquinista que murió en el accidente no era, realmente maquinista. No en el sentido estricto de la palabra. Era maquinista desde diciembre de 2005, pero accedió al cargo en lo que se denomina una “mejora de empleo”. ¿En qué consiste una “mejora de empleo”? Supongamos que uno trabaja en la empresa como, por ejemplo, factor de estaciones. Pero es una persona que tiene contactos en la empresa. Esos contactos le pueden proponer ser maquinista sin pasar las pruebas ni el concurso interno ni los exámenes. Eso explicaría cómo fue posible que una persona que sufría, según se denunció hace tiempo, una especie de epilepsia fuera contratada como maquinista. Una forma muy efectiva de pagar favores y cuotas.

Los sindicatos, como decía antes, tienen su parte de responsabilidad en todo el silencio alrededor del accidente. Tres sindicatos, en concreto, fueron los que pactaron el silencio: Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC OO) y Sindicato Independiente Ferroviario (SIF). A éste último pertenecía el maquinista fallecido.

Resulta extraño que, tras el accidente, la Inspección de Trabajo no actuara de oficio. En dicho accidente, hay que recordar que murieron dos personas que en ese momento estaban trabajando: el maquinista y la interventora. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la actuación de la Inspección de Trabajo. Tampoco actuaron el Comité de Seguridad en la Circulación ni el Comité de Prevención. El Comité de Prevención debería haber sido convocado por Dionisio García (cesado y despedido después de Marisa Gracia) o por la asesoría jurídica dirigida por Noé Gutiérrez (que actualmente ocupa un mejor puesto a raíz de la negociación del ERE). Esto podría suponer una negligencia con responsabilidad civil derivada que debería determinar el fiscal de Salud Laboral y la Sala Judicial. Los sindicatos guardaron silencio ante estas inacciones. Como curiosidad, en una reunión celebrada el 18 de julio de 2006 para analizar el accidente, Antonio Coronado, de UGT, llegaba a decir que se sentía molesto de que la empresa culpara del accidente al maquinista fallecido, más aún cuando los sindicatos se habían mostrado cautos al hablar con la prensa.

En otra ocasión, hablaremos de las deficiencias estructurales en las líneas gestionadas por FGV, y en los responsables de la situación.