La obligación de Camps

Hace una semana, el TSJV declaraba inconstitucional que el Gobierno valenciano negara la información sobre Gürtel, y que se negara a informar sobre la contratación pública con las empresas vinculadas a la trama. Esto venía después de que el Gobierno valenciano se negara a facilitar una serie de documentos solicitados por Compromís.
Resulta paradójico, y hasta aberrante, que en un Estado de derecho como dicen que es éste, con su democracia y su libertad, sea un tribunal el que tenga que obligar a cumplir a un Gobierno con una de sus obligaciones. Porque la transparencia es una obligación de cualquier Gobierno que se diga democrático. Y cuando no se cumple con esa transparencia es porque algo se pretende ocultar, señal de que tampoco se están haciendo las cosas como se debería.