María del Coro Cillán no es Baltasar Garzón

Cuando Garzón fue atacado por la derecha de este país por investigar los crímenes del franquismo y el caso Gürtel, uno de los ataques preferidos era el de que en su día se presentó en las listas electorales del PSOE.
Hace unos días, aprovechando que este mes se cumplen siete años de los atentados del 11 de marzo de 2004, Pedro J animaba a la jueza María del Coro Cillán y García de Iturrospe (todo en el mismo nombre) como la jueza que puede acabar con Rubalcaba, en su intento de reabrir el caso de los atentados.
Esta jueza, antes de serlo (porque los jueces en activo no pueden participar en política), se presentó en la lista electoral de Unión Foral del País Vasco por Gipúzcoa, en el número 2, en 1979. Este partido pretendía agrupar a todos los partidos de derecha no nacionalista, y era una coalición formada por Coalición Democrática, el partido que lideraban los más conocidos de los ministros de Franco; la derecha más conservadora vasca, con el industrial Luis Olarra al frente, el mismo al que siempre se atribuyó la financiación del Batallón vasco-español; un grupo llamado Demócratas Independientes Vascos, de filiación demócrata cristiana; y algunos sectores tradicionalista de raíces carlistas.
Se examinamos la carrera de esta jueza, uno puede preguntarse legítimamente qué ha visto Pedro J en ella. Varias veces ha sido multada por el Consejo General del Poder Judicial por la tardanza en dictar sentencias. En 1999 fue la primera. Posteriormente, El Consejo General del Poder Judicial expedientó en otras dos ocasiones a Coro Cillán. Una, especialmente grave, en 2002. Ese año el Consejo General del Poder Judicial la sancionó, mientras ocupaba plaza en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa, con dos años de suspensión por retrasos injustificados en la tramitación de asuntos judiciales. En mayo de 2001 había tardado hasta 9 meses en dictar una sentencia. La jueza recurrió la sanción, que se revocó finalmente en 2007 por el Tribunal Supremo, cuando ya había sido cumplida, pero no por su contenido, sino por haberle sido impuesta fuera de plazo.
En 2003, cuando aún cumplía el castigo anterior, el CGPJ acordó volver a suspenderle de sus funciones, ahora por un año más, por las mismas razones. De nuevo, la jueza recurrió. Y en 2006, el Tribunal Supremo entendió que aunque sí se había producido una disfunción notable en el desempeño de su trabajo, ésta no era de la máxima gravedad y cambiaba la nueva suspensión por una multa de 1.800 euros.
Y ya por último, cabría darle un consejo a esta jueza: simplemente que tenga cuidado cuando pregunta algo. Confundir el Betadine con el Titadine es, cuando menos, risible.