De Boadilla del Monte a Valencia

La trama Gürtel extendió sus tentáculos desde Boadilla del Monte (Madrid) hasta el resto de España. Entre otros asuntos que se trataron en Boadilla, estuvo la pastuqui que sacaron de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006. El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte, Tomás Martín Panero, adaptó el pliego de condiciones del contrato de RTVV con motivo de la visita papal, adjudicado a la constructora Teconsa. Al menos, eso es lo que piensa el juez Pedreira, quien también se ha quejado de la falta de cooperación del ayuntamiento de Boadilla.
Otro que lanza acusaciones es Jorge Alarte, el líder de los socialistas valencianos. El sábado pasado estuvo en el programa La noria, de Telecinco (ese programa que combina la telebasura con el análisis político). En dicho programa acusó a González Pons y a Alicia de Miguel, diputada por el PP y que fue la elegida para rebatir a Alarte en el programa, de haber firmado contratos con la trama Gürtel: "El 62% de los valencianos piensa que Camps es poco de fiar. El PP quiere perpetuarse en el poder a través de la manipulación de la televisión pública. El Sr. Rajoy es el responsable político de la corrupción y si quita a Camps tendría que quitarlos a todos. Esteban González Pons firmó contratos para la trama Gürtel y también usted, Alicia de Miguel". Una acusación que, de todas formas, no es mojarse mucho, porque lo difícil sería encontrar a algún alto cargo valenciano del PP que no haya firmado contratos con la trama Gürtel.
Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, según todas las pruebas, era una fábrica de dinero negro para pagar sobornos y actos del PP. El dinero que manejaban era escondido en cuatro cajas fuertes. Entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja B de la red, que fueron a parar a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a cargos del PP. Esta empresa, que dirigía el hombre de Correa en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, había conseguido hasta 2008 contratos por seis millones de euros de la Generalitat valenciana. Orange Market también intermedió en el contrato multimillonario con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, adjudicado por RTVV (la televisión autonómica valenciana), cuyo director general, Pedro García, ya dimitido, también era favorecido por la trama. Álvaro Pérez recibió en comisiones la mitad de los 6,3 millones de euros que costó el evento a las arcas públicas, por su intermediación ante la constructora adjudicataria, Teconsa.
También se sabe de pagos a políticos, como los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante. Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red. También se incluye la entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar sobornos de Correa; otro soborno de 25.000 euros al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, que consiguió que todos los actos de la presidenta de la Comunidad de Madrid fueran organizados por la trama corrupta. Por cada evento, Correa cobraba casi el doble de lo que realmente costaban los servicios.
Mientras, Camps sigue cada vez más crecido después de haberle ganado el pulso a Rajoy. Ahora pronostica que arrasarán en todas las localidades. Por el bien de todos los valencianos y valencianas, espero que no sea así. Aún así, Anticorrupción quiere juzgarlo en compañía de los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
Crucemos los dedos...