La lenta Justicia

La Justicia se mueve entre el hastío y la lentitud. Y eso, en un país que aspira a ser civilizado, no es de recibo.
Recientemente hemos tenido la polémica de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, quien se pegaba viajes de lujo, trabajando sólo tres días a la semana, y además cargándolo al dinero público. Le piden la dimisión por todos los lados (excepto unos pocos defensores mediáticos y políticos) y algunos dicen que la pedirá el jueves, pero él parece que aún no lo tiene nada claro.
Y ahora me vuelvo a la Comunidad Valenciana. Rafael Blasco, diputado del PP valenciano, se encuentra a un paso de la imputación. Está siendo investigado por la trama que desviaba dinero de la cooperación internacional a la compra de bienes e inmuebles en Valencia. Lo último que se sabe es que la jueza que lleva el caso ha pedido su imputación. Veremos qué pasa finalmente y en qué acaba todo el caso.
Si hay un caso que ejemplifica la lentitud de la Justicia valenciana (cuando interesa que sea lenta) es el caso Fabra. A Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, se le investiga por tráfico de influencias, cohecho y varios delitos fiscales. El caso ya se ha alargado nueve años y parece que habrá que esperar más tiempo, después de que la Audiencia de Castellón decidiera devolver el proceso judicial al juzgado de Nules. La estrategia es clara: alargar el proceso judicial al máximo para declarar la prescripción de los delitos que se le imputan (estamos hablando de una serie de sucesos ocurridos entre 1999 y 2004).