La corrupción murciana

El último caso de corrupción ha destapado las puertas de la mierda en la ciudad de Murcia. En este último caso, tres han sido los detenidos, que de momento tendrán que pagar una fianza para seguir en libertad (una fianza entre 70.000 y 120.000 euros). Esos detenidos son: el ingeniero y profesor de la Universidad de Murcia Renato de Noce (fianza de 120.000 euros), el abogado Higinio Pérez Mateo (100.000 euros de fianza) y Alberto Guerra, director de la gerencia de Urbanismo (70.000 euros de fianza). También están imputados: el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un delito de prevaricación; Jesús Samper, dueño del equipo de fútbol del Real Murcia; María Isabel Fernández, jefa de la oficina de Gobierno local de Murcia y esposa de Alberto Guerra. Por cierto, como se ve, parece que en esta trama también se encuentra enfangado un equipo de fútbol. Corrupción política y fútbol se vuelven a dar la mano, como ya pasara en Valencia y en Alicante.
El caso es que en Murcia, la corrupción política es algo generalizado. La mitad de los ayuntamientos de la región están siendo investigados o lo han sido. Todos ellos gobernados por el PP, a excepción de dos: Ojós, gobernado por un independiente; y Los Alcázares, gobernado por el PSOE.

Estos son los casos más importantes (alguno de los cuales sigue aún en marcha):

-Águilas: El llamado caso Zerrichera acumuló decena de imputados, incluido el aclade, Juan Ramírez; el empresario Trinitario Casanova Abadía; y dos ex directores generales del Gobierno regional. Se investigaba la recalificación de una finca protegida de 240 héctáreas en la Sierra de la Almenara-Cabo Cope (lo que supone un 1,07% del lugar).

-Totana: En el caso Tótem, hubo catorce detenidos y cuatro más imputados. Se investigaba el cobro de comisiones para recalificar terrenos, práctica llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP y por el actual. Entre los detenidos, figuró José Martínez Andreo alcalde del PP y puesto en libertad tras pagar 70.000 euros de fianza. Entre los imputados, figura Juan Morales, diputado del PP y ex alcalde de la localidad.

-Los Alcázares: El caso Ninette se cobró seis detenidos y catorce imputados. El ex alcalde socialista Juan Escudero pagó una fianza de 60.000 euros para quedar en libertad.

-Alcantarilla: Se pedían seis años de cárcel para Lázaro Mellado, por una contaminación del río Segura (que me perdonen los alcantarilleros -habitantes de Alcantarilla- pero el chiste sobre vertidos contaminantes, corrupción política y el nombre de la localidad es demasiado fácil).

-Fuente Álamo y Torre Pacheco: Un total de catorce imputados entre las dos localidades. Se investigaba los delitos de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto. Entre los imputados estaban los alcaldes de ambas localidades, María Antonia Conesa (Fuente Álamo) y Daniel García Madrid (Torre Pacheco); tres concejales de Fuente Álamo y el arquitecto municipal; y de Torre Pacheco, cinco corporativos, el arquitecto técnico, el secretario del ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También se encontraron vinculados a esta trama Facundo Armero, fundador de Polaris World; José Luis Hernández, presidente de la empresa; y Juan Marcos Fernández Farrugia, anterior director financiero de la empresa.

-Abanillas: Investigado por cuestiones del PGOU y otros trámites urbanísticos.

-Archena: Desde el PSOE se denunció que en la urbanización La Morra se estaban construyendo casas de más y que se había otorgado la cédula de habitabilidad sin haberse terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización.

-Cieza: Se presentó una querella contra Antonio Tamayo, alcalde de la localidad, por un delito de prevaricación al contratar dos trabajos de consultoría en 2006, ya que se habían adjudicado de forma verbal a una arquitecta por por 50.000 euros. Asimismo, también se denunció la recalificación de 270 hectáreas para construir 5.000 viviendas nuevas, porque 230 hectáreas pertenecían a la nuera del alcalde.

-Mazarrón: Francisco Blaya fue imputado por malversación de fondos y cohecho al pagar 33.000 euros a tres concejales de un partido local (partido que dirigía Domingo Valera, ex miembro del PP) para que apoyasen ciertas políticas del Gobierno local del PP. Entre esas políticas que había que apoyar, se encontraba la aprobación del PGOU que reclasificaba 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

-Villanueva del Río: Se investigó la construcción de una urbanización en suelo de dominio público hidráulico del río Segura.

-Ulea: Se investigó la reclasificación de unos terrenos.

-San Javier: José Hernández, ex alcalde, fue investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, fue denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía recurrió el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investigó la tramitación de un puerto en La Manga (el caso Puerto Mayor), y se investigó también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.

-Murcia: Antes del caso actual, en el que empezó a investigarse los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en las licencias de 19.000 viviendas de la zona norte de Murcia, junto al estadio de fútbol Nueva Condomina, ya hubo otros casos. El arquitecto municipal Joaquín Peñalver fue acusado de favorecer a una empresa propiedad de su padre y de su hermano. Además, el Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del PGOU de Murcia.

-Mula: Se investigó a ex miembros del ayuntamiento del PP por determinadas actuaciones urbanísticas.

-Puerto Lumbreras: Se presentaron varias denuncias contra el alcalde.

-Cartagena: Se investigó dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa que fue investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.

-Abanilla y Fortuna: María Dolores García, concejal del PP, acusó a varios altos cargos y a sus familiares de haber comprado votos en las elecciones locales de 2003 con empleos municipales y vales de comida. El PP había ganado esas elecciones, por primera vez, con mayoría absoluta.

-La balsa Yenny: Se investigaron delitos de malversación de caudales públicos. Declararon en la investigación miembros del Gobierno regional. En este enlace hay una explicación del caso.

-Ojós: Francisco Salinas, alcalde de la localidad, fue detenido por corrupción de menores. Posteriormente fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento de un menor de la localidad.

-Librilla: El PSOE denunció al alcalde de la localidad, José Martínez García, por querer pagar facturas por valor 236.919 euros a dos empresas constructoras por trabajos que "no existieron".

También se investigó la adjudicación y construcción de la sede del canal de televisión autonómico 7 Región de Murcia. Facundo Armero (el mismo de Polaris World y Torre Pacheco) empezó a construir el centro antes de que el concurso de adjudicación se resolviese (por supuesto, el concurso le fue favorable).

(Casos y mapa extraídos de aquí)