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-Benitatxell (Alicante): El pasado martes fueron detenidos en este pueblo de Alicante las dos personas de la fotografía, el alcalde de la localidad, Juan Cardona Bolufer y Hannelore Rheindorf (de origen austriaco), ambos del Partido Independiente Democrático de Benitatxell. Fueron acusados de intentar cobrar una comisión de 50.000 euros a un vecino para recalificar unos terrenos. También ha sido detenido el intermediario, un abogado de origen alemán. El alcalde, que en dos anteriores mandatos fue edil del PP, ejercía también de concejal de Urbanismo en un mandato en el que el gran reto es aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. De hecho, el consistorio ya había aprobado inicialmente el pasado mes de abril el PGOU con los únicos votos a favor del gobierno local. Las Normas Subsidiarias que todavía siguen en vigor han permitido un gran desarrollo urbanístico, sobre todo en el litoral de la playa del Moraig y el Puig de la Llorença.

El Partido Independiente Democrático de Benitatxell es una escisión del PP local. Ganó las últimas elecciones por mayoría absoluta al obtener seis de los once concejales del ayuntamiento. Cardona llevaba en su candidatura a varios residentes de origen alemán e inglés que arrastraron el voto de los residentes extranjeros, que representan el 70% de la población de Benitatxell.

-Dènia (Alicante): El hombre de la foto es Juan Collado y se ha convertido en el último tránsfuga del Partido Socialista. En esta localidad, su voto, junto a los del Partido Popular, Partido Socialdemócrata, Centre Unificat y Gent de Dènia le ha arrebatado la alcaldía a la socialista Paqui Viciano y se lo ha dado a Ana Kringe, algo que no ha gustado a la gente de Dènia. Curiosamente, Viciano frenó el Plan de Ordenación Urbana que planeaba la construcción de 20.000 nuevas viviendas. Ahora, lo promotores inmobiliarios están contentos con la nueva alcaldesa. Seguro que ellos serán los únicos beneficiados de este lamentable episodio.

-Marina D'Or-Oropesa (Castellón): El Grupo Marina d'Or adquirió en 2001 unos terrenos en Oropesa, propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para después entregarlos al Ayuntamiento y así cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que todos los urbanizadores deben transmitir a los consistorios cuando desarrollan un programa urbanístico. La permuta se realizó en 2001, cuando el Ayuntamiento oropesino estaba dirigido por el independiente Francisco Garrido, que vendió los terrenos a lo largo del mes anterior al momento en que formalizó el acuerdo municipal por el que se aceptaba el suelo.
El valor de los terrenos del alcalde dista mucho del que tiene el suelo que debía ceder el urbanizador ya que, entre otras cosas, mientras que la cesión correspondía a una urbanización de Marina d'Or en primera línea de playa, el suelo comprado al alcalde y después cedido al Ayuntamiento se encuentra, aproximadamente, a un kilómetro de la costa y limitado por la autopista AP-7 y la carretera nacional 340. Además, los terrenos sobre los que urbanizará Marina d'Or están calificados para uso "residencial", mientras que los cedidos están clasificados para uso "dotacional multifuncional". La adjudicación a Marina d'Or del desarrollo de la urbanización en primera línea ya estaba en los juzgados tras la querella de varios propietarios, que denunciaron irregularidades que implican a la corporación presidida por Rafael Albert, del PP (el cual, por cierto, ha declarado ante el juez por prevaricación por vender suelo municipal a seis euros el metro cuadrado y sin sacarlo a subasta pública). Marina d'Or debía ceder casi 40.000 metros cuadrados de techo por el aprovechamiento urbanístico de sus proyectos en Les Amplàries, en primera línea de playa. Sin embargo, el ayuntamiento aceptó cobrar una parte en metálico y otra en suelo. El aprovechamiento urbanístico que se compensó en dinero se pagó a 72 euros el metro cuadrado de techo. El alcalde vendió el suelo que luego fue cedido al Ayuntamiento por 33 euros el metro cuadrado de techo, muy por debajo del valor del terreno en Les Amplàries. Los terrenos que recibió el Ayuntamiento están a un kilómetro de la costa, en una zona degradada.

-Benidorm (Alicante): El Ayuntamiento de Benidorm permitió que prescriba una infracción urbanística que comporta en la práctica la legalización de una construcción de 212,5 metros cuadrados en primera línea de la playa de Levante. La obra, ya realizada, del hotel Les Dunes se hizo sin licencia y fuera de ordenación. El establecimiento es propiedad de la familia de la primera teniente de alcalde y diputada regional del PP, Ángela Barceló.
El consistorio, gobernado por el PP, abrió expediente de infracción urbanística el 3 de junio de 2003 y le aplicó una sanción, que, según fuentes municipales, se ha pagado. Sin embargo, el consistorio ha dejado que transcurrieran los cuatro años marcados por la ley sin actuar, por lo que la infracción ha prescrito y no se puede actuar sobre la obra. Parece ser que Zapatero no es el único permisivo con los delincuentes. Pero quizá se deba a las buenas relaciones de los Barceló con el PP. La familia Barceló es una de las que mayor poder acumula en la ciudad turística. El senador Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana, está en la actualidad muy bien relacionado con Francisco Camps (paradójico). Su hija Ángela Barceló es diputada regional y primera teniente de alcalde. Su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, es presidente de Nuevas Generaciones en Benidorm y sustituirá al veterano senador a lo largo de esta legislatura -figuró como candidato suplente de su abuelo en las últimas elecciones-. Su primo, Francisco Murcia Barceló, es diputado en las Cortes Generales.

-Finestrat (Alicante): El pasado mes de mayo, el PSPV denuncio la contratación masiva e irregular de unos treinta trabajadores municipales entre los militantes, apoderados e interventores del PP, por parte del alcalde de la localidad, Honorato Algado. Entre ellos figuran cuatro miembros de la candidatura popular que no salieron elegidos concejales en los comicios del año pasado, así como varios familiares de éstos. El número siete de la lista, Tomás Sellés, ocupa el cargo de coordinador de deportes, y su esposa, Lynda Owen, trabaja en el servicio de atención a residentes extranjeros. La candidata número ocho, Teresa Palomero, ha sido destinada a un centro social, y su hermano a servicios técnicos. El número nueve, Juan Carlos Arijón, forma parte de una extensión administrativa del consistorio; y una de las suplentes, María Elvira Lloret, familiar del alcalde, está en el departamento de información municipal.

Mientras, el Gobierno central declarará ruina un edificio construido en 1978 y en desuso. Si se declara ruina, el edificio tendrá que ser demolido, cosa que no hace mucha gracia a los propietarios.