La extraña Justicia

España es un país con un extraño concepto de la Justicia. Y es que una Justicia politizada (donde los jueces se dividen entre asociaciones progresistas o conservadoras; por no hablar de los nombramientos políticos de jueces y fiscales) es una Justicia politizada. Y lo que es más curioso, cuando los jueces tiene vínculos con el progresismo político, las protestas se oyen hasta el otro lado del mundo; si el juez tiene vínculos con el conservadurismo político, los de izquierdas, que parecemos idiotas, apenas protestamos ligeramente.

Baltasar Garzón ha sido recientemente expulsado de la carrera judicial. Se le investigaba por tres casos al mismo tiempo: las escuchas a los abogados de la trama Gürtel en las conversaciones que mantenían con sus clientes, la investigación de los crímenes del franquismo, y el haber archivado una causa contra el Banco Santander después de que éste hubiera patrocinado unos cursos dados en nueva York. De los tres, el que más entidad tenía era el del Banco Santander. Sin embargo, el que acabó con su carrera fue las escuchas de Gürtel; los otros dos han sido archivados (para qué continuar con ellos, si Garzón ya ha sido expulsado).

Aunque muchos niegan que hubiera una especie de revanchismo contra el juez Garzón, lo cierto es que hay una serie de coincidencias entre los jueces que lo juzgaron y los abogados e imputados de la trama Gürtel, que dan qué pensar.

Francisco Monterde Ferrer fue uno de esos jueces. En 1996 llegó al Consejo General del Poder Judicial gracias al PP, y en 2003 a la sala de lo penal del Tribunal Supremo gracias al mismo partido. En 2009, y a pesar de que llevaba más de veinte años sin realizar ninguna investigación judicial, fue designado para instruir la rama de la trama Gürtel que afectaba a Luis Bárcenas (tesorero del PP) y Jesús Merino (diputado del PP). Su vinculación al PP también llega por parte de su hijo, Francisco Monterde Cones, que es director del parque nacional de Hoces del Cabriel, cargo en el que fue ratificado el pasado septiembre, por el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra. Por cierto, que Francisco Monterde Ferrer también fue uno de los jueces que aceptó la querella contra Garzón por el franquismo, pero fue recusado por su falta de imparcialidad objetiva.

Los nombres de varios jueces de los casos instruidos contra Garzón y de abogados de acusados en la trama Gürtel figuran como reclamo del centro privado Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris. En algunos de sus cursos, figuran como profesores de másters y cursos José Manuel Maza, Julián Artemio Sánchez Melgar (estos dos, jueces del caso de las escuchas) y Manuel Marchena (también juez en el caso de los cursos de Nueva York); el exjuez Adolfo Prego (que firmó como ponente la admisión a trámite de la querella contra Baltasar Garzón por la investigación del franquismo, a pesar de pertenecer a Denaes, fundación próxima a Manos Limpias, la querellante contra Garzón y a pesar de su posición contraria a la Memoria Histórica; también es de señalar, aunque no tenga que ver con Garzón, que fue responsable de rebajar la pena al exedil del PP acusado de abuso de menores, Javier Rodrigo de Santos); o los abogados Luis Rodríguez Ramos (abogado de Benjamín Martínez Vasco, exdiputado de Madrid; Jesús Merino Delgado, exdiputado del Congreso; y Guillermo Ortega Alonso, exalcalde de Majadahonda), Carlos Bueren Roncero (abogado de Guillermo Martínez Lluch, director de una sucursal de Bancaja en Miami) y Florentino Ortí Ponte (abogado de Ginés López Rodríguez, exalcalde de Arganda).

No es el único anuncio donde podemos encontrar a diferentes jueces de las causas contra Garzón juntos. También se pudo ver el nombre de varios de ellos en un curso de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos (en colaboración con la empresa KPMG). El curso estaba programado para realizarse entre septiembre de 2011 y junio de 2012, aunque al final no se celebró por falta de alumnos, aunque está previsto volver a convocarlo en breve. Entre los profesores figuraban José Manuel Maza (que figuraba como presidente del consejo científico del curso), que fue ponente de la admisión a trámite de la querella por las escuchas de Gürtel; y Gonzalo Rodríguez Mourullo (vocal del consejo científico del curso), que ejerció de acusación en el caso de las escuchas y era defensor del imputado en el caso Gürtel Pablo Crespo. Entre los profesores figuraban los siete jueces que juzgaron y condenaron a Garzón por las escuchas: Joaquín Giménez (presidente de la sala), Miguel Comenero (ponente de la sentencia, y que formó parte de las salas de los otros dos casos), Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta (también en la causa del franquismo), Francisco Monterde, Luciano Varela (instructor de la causa del franquismo) y Juan Ramón Berdugo. También aparecía Adolfo Prego. Entre los abogados se encontraban: Ignacio Ayala (abogado de Alfonso Bosch Tejedor, diputado regional del PP por entonces; y de Alberto López Viejo, exconsejero en la Comunidad de Madrid), Joaquín Burkhalter (defensor de Arturo Giancarlo Fasana), Adriana de Buerba (abogada de César Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla), Ángel González Franco (abogado de Santiago Lago Borstein), Luis Rodríguez Ramos y Javier Sánchez Vera (abogado de Jacobo Gordon). Con todo, la mayor curiosidad llega cuando se descubre el objetivo del curso: "Fomentar la cultura ética y la transparencia en la investigación de delitos económicos y fraude en las empresas". Sin palabras.

José Manuel Maza es el más activo en la enseñanza, donde ha coincidido en diferentes cursos con otros abogados de la trama Gürtel. Mientras, Miguel Colmenero ha dirigido foros para Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), junto a abogados de la trama Gürtel.

Como ya he dicho antes: curioso concepto de la la Justicia en este país.