Valencia ya es conocida en Europa

El nombre de Valencia sigue pronunciándose en Europa, pero seguro que no de la forma en que muchos desearían. Resulta que Europa está investigando ciertas actuaciones del Gobierno valenciano.

-La Ciudad de la Luz: La Comisión Europea ha abierot una investigación sobre estos estudios cinematográficos (de los que ya hablé). Resulta que con dinero público se puede haber falseado la competencia leal en el mercado europeo de estudios cinematográficos. Más información, aquí.

-Cabanyal: El Tribunal Supremo y la Unión Europea investigan la remodelación de este barrio. Se les recrimina al ayuntamiento valenciano y a la Generalitat la creación de la empresa Cabanyal 2010, que, al parecer, vulnera dos leyes comunitarias. Esta empresa se creó a través del IVVSA (Instituto Valenciano de Vivienda) y por la empresa municipal AUMSA. Entonces, el conseller de Territorio era Rafael Blasco. La empresa, "mitad-pública, mitad privada", se constituyó con un capital social de 35 millones de euros. A ella acudieron 11 constructoras, sin que se respetaran los principios de publicidad y libre concurrencia comunitarios, según denuncia la instancia europea. Todas estas mercantiles pertenecen al patrimonio de empresarios que apoyan sin esconderse al PP valenciano.
Más de la mitad del capital de Cabanyal 2010 es público de la Generalitat (27,5%) y el Ayuntamiento (27,5%). El resto está equitativamente repartido entre los socios privados. Forma parte el grupo Acciona, que explota adjudicaciones millonarias de servicios municipales en Valencia; el grupo Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, con fuertes vínculos de amistad con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. También figuran conocidos promotores alicantinos, antes en la órbita del poder económico en torno a Eduardo Zaplana y ahora reconvertidos deprisa y corriendo al campismo, como el grupo ECISA y Hermanos Martínez.
También se benefician las empresas Edifesa, propiedad del presidente de la patronal regional valenciana, Rafael Ferrando; y SEDESA, mercantil perteneciente a la familia de Juan Cotino, miembro del Opus Dei, y actual conseller de Biensatar Social y vicepresidente tercero del gobierno de Francisco Camps.
En cuanto al Tribunal Supremo, el ayuntamiento teme que la sentencia no le sea favorable y, además, le pueda perjudicar de cara a las elecciones, por lo que ha pedido al Tribunal que aplace un mes la sentencia, petición que ha sido rechazada.

Así que, ya lo saben los que quieran enriquecerse fácilmente. No hace falta comprar un décimo de la ONCE, simplemente hay que fundar una empresa de construcción en Valencia y chuparle el culo al político de turno.