Rafael Blasco, el estratega

Si hubiera que definir de alguna forma al conseller Rafael Blasco sería la de político profesional. Es un hombre que ha sobrevivido a cuatro presidentes de la Generalitat, siete carteras de consellerías y varios escándalos políticos. En cualquier país democrático, un hombre como él no hubiera pasado del primer escándalo, pero hemos de recordar que vivimos en España, y más concretamente, en Valencia, donde cada uno es más ladrón que el anterior. Esta es la carrera de Rafael Blasco, al que todos los que conoce le llaman El Estratega.

Su actividad política comenzó en el franquismo, militando durante su juventud en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), un grupo armado, de inspiración marxista-leninista, creado a principios de los años 70.

Ya en democracia, Blasco se moderó y se afilió al PSPV en los años 80. Formó parte del Gobierno de Joan Lerma y comenzaron así sus primeros escándalos. El caso Blasco estallaba en 1989. Él ocupaba la consellería de Obras Públicas y Urbanismo. La directora de Urbanismo, Blanca Blanquer, denunció que dos funcionarios se ofrecían para reclasificar suelo en Calpe a cambio de 500 millones de pesetas. La policía pinchó varios teléfonos y acabó descubriéndose un posible amaño en la venta de una parcela perteneciente al IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda) en Paterna. Blasco fue el primer conseller implicado en corrupción y, hasta el actual caso Gürtel, el único. Lerma lo destituyó el 28 de diciembre de 1989. Con Blasco, se marchó también su mujer, Consuelo Ciscar (hermana del diputado socialista Ciprià Ciscar), que entonces era secretaria personal de Lerma. Ambos se marcharon al PP. Mas adelante, hablaré del ascenso de Blasco en el PP; simplemente comentar que Consuelo Ciscar ocupa la dirección del IVAM. El caso Blasco terminó en 1991, cuando el TSJV anuló las cintas y absolvió a los acusados. Por cierto, el abogado que logró ese resultado fue Javier Boix, el mismo que logró que se anularan las cintas del caso Naseiro y que ahora defiende a Camps del caso Gürtel.

Con Zaplana, Blasco es responsable de la estrategia para acabar absorbiendo a Unió Valenciana (UV). Actualmente, UV es sólo un residuo que sobrevive en algunos ayuntamientos con algún concejal, donde se les vota más por tradición que por otra cosa.

En 1999, Blasco regresa para ocupar una consellería, esta vez ya con un Gobierno del PP. Y con él regresaba el escándalo. Era conseller de Bienestar Social cuando promovió un concurso de 9.000 plazas de residencias de ancianos. En junio de 2001, cuatro geriátricos son adjudicados a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que figura la firma Crespinell, administrada por el entonces secretario del ayuntamiento de Carlet, Joan Ramón Ferrís, vinculado a Blasco. El 27 de noviembre de 2001 la conselleria autorizó la cesión del contrato logrado en favor de Siete Treinta, SL, una empresa "dormida" [adquirida en un vivero cuyo negocio es la venta de firmas ya constituidas pero inactivas hasta que alguien las compra] integrada al 50% por los socios de la UTE. Dos días después, venden la mercantil a un promotor sevillano.

Más tarde, se le vincula con otro caso relacionado con otra empresa "dormida", Lonerson Trade. En esta empresa figuraba César Augusto Tauroni, empresario de Alzira y ex socio de Bernardo Blasco, hermano del conseller. Tauroni es administrador de General de Comunicaciones y Servicios (GCS). Lonerson usaba la sede, el teléfono, la web y hasta empleados de GCS. Como no tenía experiencia, en junio de 2001 comienzan adjudicándole en UTE con Asispa el servicio de teleasistencia en situaciones de riesgo por 85.352 euros, que al año siguiente se amplía hasta 640.229 euros. Pero la adjudicación importante, en unión con Tissat, es la de la gestión de los Centros Mujer 24 horas en enero de 2002. Nada menos que 6,7 millones. GCS también recibió contratos: La atención telefónica al mayor, en enero de 2001, 99.716 euros; y servicios informáticos, en noviembre, 123.207 euros. Con Tissat, otro contrato de informática de 135.227 euros y el servicio Infodona, 208.454 euros, en el verano de 2001. En 2003, de nuevo, el servicio de mantenimiento de software, también junto con Tissat, otros 380.000 euros. La firma de Tauroni recibiría además el mismo año el teléfono de atención al menor, 237.000 euros. Empresas como Eulen recurrieron alguna de las adjudicaciones alegando que GCS había justificado la solvencia con trabajadores suyos. La oposición promovió la reprobación de Blasco por el caso de los geriátricos y Lonerson pero el PP hurtó la iniciativa, provocando el primer abandono del hemiciclo por parte del PSPV, el 13 de junio de 2002.

Como conseller de Territorio y Vivienda, se recibieron 15.000 quejas de residentes extranjeros, lo que motivó un expediente de la Unión Europea por la legislación urbanística (tanto la LRAU de los socialistas como la LUV creada por Blasco). También la puesta en marcha de empresas mixtas a través del IVVSA, en las que se elegía a dedo al socio privado también fue reprochada por Europa. Y la Ley del Golf, que propiciaba los negocios urbanísticos alrededor de estas instalaciones deportivas, también levantó alguna polémica.

Para entonces, Zaplana ya se marchó a Madrid para ejercer como ministro de Trabajo en el Gobierno de Aznar. En Valencia se quedaba momentáneamente José Luis Olivas hasta que en las elecciones de 2003 fue elegido Francisco Camps, sucesor designado por el propio Zaplana. Tras ser elegido Camps, empezó a desmantelar todo el aparato zaplanista del partido y de las instituciones públicas. Sólo sobrevivió el zaplanismo a través de José Joaquín Ripoll, líder del PP de Alicante y presidente de la Diputación alicantina. Inexplicablemente, Blasco sobrevivió a la escabechina.

En noviembre de 2004 se firmaba el primer contrato entre la Generalitat y Orange Market, al empresa de la trama Gürtel en Valencia. Fue con la empresa VAERSA, una empresa pública que dependía de la consellería que dirigía Blasco. Orange Market fue elegida a dedo y el contrato tenía un valor de 138.678 euros. Era para una campaña sobre el uso de los contenedores amarillos. Curiosamente, se habían solicitado ofertas a tres empresas que pertenecían a la trama Gürtel. Orange Market cobró 69.310 euros, aunque nunca llegó a realizar el trabajo.

En octubre de 2006, Alfonso Jiménez, jefe de Informática de la conselleria de Sanidad y hermano de Eloy Jiménez (director general del Régimen Económico de Sanidad), se plantó al defender los informes de los técnicos frente a las pretensiones de la dirección de Sanidad en el contrato de 3 millones para el mantenimiento del centro de proceso de datos. La bronca acabó con la salida de Jiménez, sustituido por un técnico que venía de Territorio, Marc Llinares, quien modificó la evaluación técnica de la etapa Jiménez en otro concurso. Blasco se llevó después a Llinares a Cooperación, tras las dimisiones de técnicos por el actual escándalo, del que hablaré más adelante.

Hacia las elecciones de 2007, Blasco gastó 3,3 millones colocando enormes monopotes publicitarios por toda la Comunidad Valenciana, anunciando hospitales y centros sanitarios (algunos, todavía en obras o en proyecto). El gran panel electrónico a la entrada de Valencia costó 600.000 euros. Luego, el Gobierno valenciano tuvo la poca vergüenza de quejarse de los costes de los carteles del Plan E de Zapatero.

Quizá el escándalo más personal de Blasco fue la creación del PSD (Partido Social y Demócrata). Fue en noviembre de 2006, con vistas a las elecciones de 2007. El PSD se creó a partir de la USD (Unión Social Demócrata), una formación impulsada desde el PSI (Partido Socialista Independiente; dirigido por Gisela Blasco, sobrina del Rafael Blasco), creado por Blasco en la Ribera en 1989, tras su expulsión del PSPV. Las filas del PSD fueron nutridas con ex miembros descontentos del PSPV y su objetivo confeso era quitar votos al PSPV. El pago de facturas atrasadas, deudas e, incluso alquiler de la sede, se hizo en muchos casos desde el PP. El PSD, además, aprovechó la estructura de FAVCOVA, una federación asociativa vecinal creada por Zaplana para, precisamente, dividir al movimiento vecinal. FAVCOVA y otras asociaciones recibieron cinco millones de euros y algunos de sus dirigentes nutrieron la cúpula del PSD. En la formación del PSD aparece un nombre muy importante en el último escándalo de Blasco: Adolfo Soler Sempere, que ocupaba el último lugar en la lista del PSD en Valencia.

Adolfo Soler Sempere es el número dos de un supuesto entramado de ONGs favorecidas por la sociedad Solidaridad entre Pueblos y otras empresas afines, y alimentada con las ayudas de la consellería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco. Estas ONGs desviaron dinero a empresas afines al PP o asuntos de las mismas. Así, por ejemplo, el dinero para dos proyectos en Nicaragua fue desviado para la compra de dos pisos en Valencia para la fundación Cyes. También se desvió el dinero destinado para un hospital en Haití; un hospital que, según Cruz Roja, además era inútil y que las ONGs contratadas para el proyecto no tienen experiencia en este tipo de proyectos.
Según las diferentes convocatorias públicas y las subvenciones nominales, a dedo, de 2008, 2009 y 2010, las fundaciones y ONGs implicadas recibieron casi seis millones y contrataban con las empresas de los patronos de la Fundación Solidaria Entre Pueblos y su entorno. Estas firmas ya tenían comprometidos casi dos millones de euros por realizar diferentes trabajos de asesoramiento, según las facturas y facturas proforma.
La fundación matriz Solidaria Entre Pueblos, obtuvo a dedo de los presupuestos de la Generalitat de 2010 415.000 euros para proyectos de cooperación. No acreditó ninguna experiencia, ya que fue creada en febrero de 2009, nueve meses antes de que se presentaran las cuentas de la Generalitat de este año. Alfonso Navarro Torres y Adolfo Soler Sempere, presidente y vicepresidente de la fundación, son a su vez propietarios de las empresas que facturan a las ONGs que asesoran por mediación de personal de la conselleria. Esta fundación participa también en el proyecto del hospital de Haití que impulsa la Generalitat y en el que se invertirán 3,6 millones de euros.
La fundación Cyes, que compró pisos con dinero que iba a dos proyectos en Nicaragua (que Blasco niega), recibió 1,8 millones de euros en 2008. Arcmed, la empresa del presidente de Solidaridad Entre Pueblos, Alfonso Navarro Torres, facturó 416.704 euros por asesoramiento. Anteriormente no había contratado con la Generalitat.
Esperanza sin Fronteras nunca había obtenido subvenciones de este nivel. En 2010 recibió dos proyectos para Perú por valor de 332.232 euros y 334.778 euros respectivamente. En ambas iniciativas hay facturas proforma previstas para Arcmed, la empresa del vicepresidente de la fundación que dirigía la trama con la connivencia de la conselleria. Esta ONG también participa en el proyecto del hospital de Haití.
Asamanu África tampoco había trabajado para la Generalitat. En 2010 se le concedieron 232.148 euros para un proyecto en Senegal. Están asesorados por la Fundación Solidaria Entre Pueblos.
La ONG Ceiba recibió en 2009 dos proyectos para Guinea Ecuatorial por 296.988 y 359.367. Tampoco había participado en proyectos anteriores con la Generalitat. Su presidente en 2009, Juan Pablo Ebang, estuvo a nómina de la fundación epicentro del entremado, Solidaridad Entre Pueblos. Concretamente cobraba 1.300 euros al mes.
Fudersa, que en 2009 recibió dos proyectos y en 2010 otros dos, los cuatro en República Dominicana, por más de 1,3 millones de euros, tampoco tenía experiencia con Solidaridad Entre Pueblos. Sí que recibió alguna subvención de Sanidad cuando Blasco la dirigía. Solidaridad Entre Pueblos le realizó los proyectos y en todos dio trabajos a las empresas del entramado.
Por último, la fundación Marcos Senna estaba previsto que recibiera 200.000 euros de la Generalitat, sin experiencia previa acreditada. Hace unos días confirmó que había renunciado a esta subvención.